La Corte de Apelaciones de La Serena acogió el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva de L.R.C.Z., médico cirujano imputado como autor de los delitos reiterados de emisión de licencias médicas fraudulentas y fraude de subvenciones, ilícitos que habrían sido cometidos entre enero de 2023 y junio de 2025 en la comuna de Coquimbo.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada revocó la resolución del Juzgado de Garantía de Coquimbo que había sustituido la prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma quincenal y la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas.
El tribunal sostuvo que el debate debía enmarcarse en el artículo 144 del Código Procesal Penal, al tratarse de una revisión de la medida cautelar previamente confirmada por peligro de fuga. En esa línea, descartó que el informe social presentado por la defensa constituyera un antecedente nuevo suficiente para modificar la situación del imputado.
“La necesidad de cautela no ha decaído”, concluyó la resolución, por lo que se determinó mantener la medida de prisión preventiva.
Más de 11 mil licencias emitidas
Según la investigación del Ministerio Público, entre el 1 de enero de 2023 y el 5 de junio de 2025, el imputado —médico general sin especialidad inscrita en la Superintendencia de Salud— emitió un total de 11.880 licencias médicas electrónicas a través de los sistemas I-Med y Medipass.
De ellas, 11.239 fueron para afiliados a Fonasa y 935 a isapres, tanto a título personal como mediante el centro de salud Surmédica SpA, creado junto a su madre en Coquimbo.
Del total, 275 licencias fueron otorgadas de manera presencial y 11.065 de forma remota, lo que posicionó al imputado como el mayor emisor de licencias médicas del país durante 2024. La mayoría de los documentos correspondían a diagnósticos de patologías mentales y enfermedades osteomusculares, pese a que el profesional no cuenta con especialidad en dichas áreas.
Irregularidades y perjuicio fiscal
La fiscalía también sostiene que el imputado emitió 36 licencias a 34 funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante sus períodos de reposo, además de otras seis a funcionarios que asistieron a casinos de juego.
En total, 10.741 licencias emitidas a pacientes de Fonasa fueron tramitadas, lo que habría generado un pago indebido de subsidios por incapacidad laboral que asciende a $4.639.802.932.
Con estos antecedentes, el tribunal de alzada resolvió revocar la resolución dictada el 31 de marzo de 2026 y mantener la prisión preventiva del imputado mientras se desarrolla la investigación.
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