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El SII amplió la querella por evasión tributaria contra los principales imputados del caso Primus, acusando un perjuicio fiscal de $5.407 millones, tras la compra de múltiples propiedades y vehículos de lujo con ingresos no declarados. Frente a la nueva acción penal, uno de los acusados, el abogado Antonio Guzmán, desestimó los cargos, dando cuenta de una falta de coordinación del ente fiscalizador al calificar como incremento patrimonial dineros que correspondían a préstamos.