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Gustavo Campos, investigador Centro Democracia y Opinión Pública, Universidad Central: 

El denominado “caso Sedini” deja poco que rescatar desde el punto de vista político. Más allá de las responsabilidades individuales, el episodio termina alimentando la política del espectáculo, donde las disputas internas, las recriminaciones públicas y la exposición de la trastienda terminan desplazando la discusión sobre las decisiones que realmente afectan al país.

Sin embargo, la controversia sí ofrece una enseñanza. Reivindica el valor de aquello que Max Weber denominó los políticos profesionales. No porque sean infalibles ni propietarios de la política, sino porque el ejercicio prolongado del oficio permite comprender códigos, límites y responsabilidades que rara vez están escritos. La democracia también descansa sobre esas reglas informales que contienen conflictos, protegen las instituciones y distinguen las diferencias políticas de las disputas personales.

No deja de ser llamativo que, al inicio de cada gobierno, una parte importante del debate se concentre en destacar el valor de los ministros “sin partido”. Su independencia suele presentarse como sinónimo de mérito, autonomía o renovación. Sin embargo, la experiencia muestra otra cosa. Con el paso de los meses y especialmente tras los sucesivos ajustes ministeriales, prácticamente todos los gobiernos que apuestan por la “independencia”, cualquiera sea su signo político, terminan reforzando la presencia de dirigentes con trayectoria partidaria en los ajustes ministeriales sucesivos.

No es una casualidad. Gobernar exige construir mayorías, ordenar coaliciones, procesar conflictos y administrar equilibrios políticos, tareas para las cuales las redes, la experiencia y el oficio resultan determinantes. Los independientes siguen teniendo un espacio, pero normalmente como verdaderas excepciones y no como la regla.

Con frecuencia se desprecia la experiencia política en nombre de la autenticidad, cercanía con la gente o de la renovación de “rostros”, pero gobernar exige mucho más que convicciones o capacidad comunicacional. Requiere prudencia, autocontrol, lealtad institucional y comprensión de que las palabras de una autoridad producen efectos que trascienden a quien las pronuncia.

Paradójicamente, un episodio que parece confirmar la degradación del debate público termina recordándonos por qué el oficio político sigue siendo una condición indispensable para el buen funcionamiento de la democracia. Más allá de Mara, el tiempo y los hechos casi siempre terminan reivindicando a la política.

Gustavo Campos, investigador Centro Democracia y Opinión Pública, Universidad Central: 

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