El Ciudadano
El tribunal rechazó la prescripción solicitada por la defensa en la causa por obstrucción vinculada al caso de Tanya Aciares. La decisión permite avanzar a una audiencia donde declararán funcionarios policiales y el fiscal que investigó la desaparición.
El tribunal rechazó la solicitud de prescripción presentada por la defensa en la causa por obstrucción a la investigación vinculada al caso de Tanya Aciares, la adolescente desaparecida en Copiapó en 2018 y cuyos restos fueron identificados recién en 2024. La decisión permite avanzar hacia la audiencia fijada para el próximo 13 de julio.
El pasado lunes 8 de junio, el Juzgado de Garantía de Copiapó resolvió no acoger la petición de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa de dos mujeres investigadas por su eventual participación en un delito de obstrucción a la investigación respectiva al caso de Tanya Aciares.
En la instancia, la defensa de las mujeres sostuvo que la acción penal se encontraba prescrita dado el tiempo transcurrido desde que ambas imputadas habían entregado declaraciones ante el Ministerio Público.
A pesar de lo anterior, la Fiscalía se opuso a dicha interpretación argumentando que la causa se encuentra dentro de los plazos establecidos por la ley y que, por lo tanto, no correspondería extinguir la persecución penal.
Según expuso el fiscal adjunto de Copiapó, Guillermo Zárate, las declaraciones prestadas por las imputadas motivaron diversas diligencias ordenadas a la PDI, las que terminaron desviando la investigación debido a que esos antecedentes habrían resultado falsos.
Con la decisión adoptada por el tribunal, la causa continuará su tramitación y avanzará hacia una audiencia de juicio oral simplificado programada para el 13 de julio.
Respecto de una de las imputadas, Zárate recordó que existe un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones que establece que el hecho investigado se habría cometido cuando ya era mayor de edad, criterio que ha sostenido el Ministerio Público durante el desarrollo del caso.
En la audiencia también intervino la parte querellante, que respaldó la postura de la Fiscalía y solicitó igualmente rechazar el requerimiento presentado por la defensa.
La abogada de la familia de Tanya Aciares, Camila Morales Sepúlveda, valoró la resolución del tribunal y explicó que, a juicio del juzgado, la eventual obstrucción a la investigación debe ser analizada en el contexto completo de la causa y no únicamente a partir de la fecha en que tuvieron lugar las declaraciones cuestionadas.
Según señaló, para determinar si existe o no prescripción es necesario considerar el contenido de esos testimonios, el efecto que tuvieron en las diligencias investigativas y el momento en que el delito pudo haberse consumado. En ese sentido, sostuvo que la decisión representa un avance para la familia, ya que permitirá continuar con el proceso judicial y llegar a la audiencia fijada para el próximo 13 de julio.
La audiencia que podría esclarecer los errores en la búsqueda de Tanya
Una de las principales expectativas de la familia está puesta en la audiencia fijada para el próximo 13 de julio, en la que deberá declarar en calidad de testigo, el fiscal Cristian González, quien estuvo a cargo tanto de la investigación por la desaparición de Tanya Aciares como del hallazgo de osamentas humanas encontradas en 2018 que recién fueron identificadas como las de la adolescente en 2024. Junto a él, también fueron citados 25 funcionarios policiales vinculados a las diligencias del caso.
Según la representante de la familia, se trata de un hito relevante porque será la primera vez que los familiares podrán escuchar en sede judicial las explicaciones sobre las diligencias realizadas durante la búsqueda y las razones que habrían derivado en errores investigativos.
“La familia y también la sociedad, van a poder escuchar las razones de por qué se produce este error en la investigación y bueno nosotros desde un comienzo nunca hemos descartado las responsabilidades estatales, prueba de ello es la ampliación de la querella. Tampoco señalamos que no exista responsabilidad de particulares, nosotros creemos que puede que existan ambas, pero no teníamos certeza porque no teníamos acceso a la información”
Las dudas sobre la actuación de las instituciones
La abogada de la familia Aciares, Camila Morales, explicó que el caso de Tanya tuvo lugar en un contexto de desapariciones y asesinatos de mujeres ocurridos en Copiapó entre 2018 y 2020. Según explicó la abogada, durante seis años el Ministerio Público sostuvo públicamente que la adolescente estaba viva y que residía en otra comuna, recién en 2024 reconoció que los restos óseos de la joven habían sido hallados en 2018 por la misma brigada policial que investigaba su desaparición.
Morales explicó que, tras asumir la representación de la familia en 2025, ampliaron la querella para incorporar eventuales responsabilidades de funcionarios públicos y otros posibles delitos relacionados con la administración de justicia. También afirmó que durante meses solicitaron acceso a antecedentes y diligencias investigativas, recurriendo incluso ante la Fiscalía Nacional, sin obtener respuestas favorables.
La abogada agregó que recién este año la familia logró ser reconocida como interviniente en la causa por obstrucción a la investigación, accediendo a información que hasta entonces desconocía. Asimismo, recordó que la audiencia de juicio inicialmente fijada para abril debió suspenderse debido a la inasistencia de funcionarios policiales y del fiscal citados a declarar, quedando finalmente reagendada para el próximo 13 de julio.
«Nunca descartamos responsabilidades estatales»
En conversación con El Ciudadano, Morales valoró la decisión del tribunal, ya que —a su juicio— permitirá concretar la audiencia fijada para el 13 del próximo mes, instancia que la familia de Tanya Aciares considera fundamental para esclarecer lo ocurrido durante la investigación.
La abogada explicó que aunque el Ministerio Público ha atribuido la desviación de las diligencias a declaraciones de particulares que aseguraban que Tanya estaba viva, la familia nunca ha descartado posibles responsabilidades institucionales y durante años ha solicitado que estas sean investigadas.
Además, afirmó que tanto la Fiscalía como la PDI han descartado hasta ahora posibles responsabilidades por parte de sus funcionarios, situación que —a su juicio— genera cuestionamientos considerando que los restos de la adolescente permanecieron durante años sin ser identificados.
En ese contexto, sostuvo que esperan que el juicio permita reconstruir la cadena de decisiones adoptadas durante la investigación y determinar si existieron errores o responsabilidades por parte de organismos del Estado.
«Nosotros nunca hemos descartado las responsabilidades estatales y también las hemos solicitado de manera administrativa en la Fiscalía. Hemos solicitado que la Fiscalía también las solicite a las policías y, dentro de todas esas respuestas, siempre se nos ha dicho que no existe responsabilidad estatal, o sea, que no existe responsabilidad del Ministerio Público. Y en el caso de la policía, […] también solicitamos que se investigaran responsabilidades en la PDI, pero la respuesta que tuvimos es que, debido al lapso de tiempo transcurrido, estas responsabilidades no podrían ser investigadas».
Un caso marcado por la desaparición de mujeres en Atacama
Alejandra Carrasco, vocera del Tejido de Mujeres Feministas en Atacama, explicó que como organización han acompañado a la familia de Tanya desde el primer momento de su desaparición hasta el día de hoy.
Carrasco señaló que como tejido exigen que los agentes del Estado que no se han presentado a declarar a pesar de ser notificados de forma correspondiente: “»Nosotros, como sociedad civil, también como mujeres feministas y como familias, exigimos que comparezcan para responder por qué no han sido capaces de encontrar a Tanya, por qué han sido tan irregulares en la forma de llevar adelante el caso y por qué han actuado con tanta negligencia».
Para Carrasco es importante recordar que la desaparición de Aciares se enmarca en un contexto de desapariciones y violencia extrema en la región, señalando que el caso de Tanya no es un caso aislado, ya que hay varios casos de desapariciones que aún no tienen respuestas, como el caso Thiare Elgueda y el caso de Catalina Álvarez.
Para la vocera del Tejido es fundamental visibilizar la “injusticia” que existe tanto en la región como en el resto del país. Además, indicó que en este contexto, la comunidad debería estar alerta de estos casos, asegurando que Atacama es una región “increíblemente violenta”.
«La Justicia debe responder. Creo que estos funcionarios públicos, y en particular el fiscal que estaba a cargo en ese entonces, Cristian González, deben responder y decirle a la familia qué pasó con Tanya, por qué ocurrieron estas negligencias y por qué la impunidad sigue primando hasta el día de hoy. Todavía no hay respuestas para saber qué pasó con nuestras compañeras», concluyó.
Finalmente, para la familia de Tanya Aciares, la audiencia del próximo 13 de julio representa una oportunidad para conocer las decisiones adoptadas durante la investigación y esclarecer posibles responsabilidades en un caso que permaneció durante años sin respuestas, pese a que los restos de la adolescente habían sido encontrados en 2018 y recién fueron identificados en 2024.
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