Castigar el futuro: cuando la violencia escolar se responde con más control

Una vez más, la respuesta a la violencia en las escuelas parece seguir el mismo camino: más control, más sanción, más castigo. No es una discusión nueva ni una deriva reciente. En los últimos años, distintas políticas han avanzado en esa dirección, ampliando las herramientas de vigilancia, endureciendo las sanciones y desplazando progresivamente el problema desde la convivencia hacia su penalización.

La posibilidad de revisar mochilas, la prohibición de ciertos accesorios, la incorporación de agravantes penales por delitos cometidos en establecimientos educacionales: todas estas medidas comparten una misma premisa. Que la violencia escolar es, en el fondo, un problema de falta de control. Y que, por lo tanto, la solución pasa por reforzarlo.

El problema es que esa forma de entenderlo es, al menos, incompleta. Reduce un fenómeno complejo a su dimensión más visible, pero deja fuera aquello que lo produce y lo sostiene. Porque la crisis de convivencia en las escuelas no se explica solo por la ausencia de autoridad, sino también por condiciones estructurales que llevan años acumulándose: sobrecarga docente, falta de equipos psicosociales, sistemas de apoyo fragmentados y una crisis de salud mental que atraviesa a estudiantes y comunidades educativas completas.

Sin embargo, en lugar de intervenir en esas condiciones, la política pública insiste en intensificar el control. Y en ese contexto, propuestas recientes vuelven a profundizar esa lógica. Entre ellas, una destaca por sus implicancias: impedir el acceso a la gratuidad universitaria a personas que hayan sido condenadas por delitos.

El acceso a oportunidades educativas, especialmente después del contacto con el sistema penal, es una de las pocas herramientas que efectivamente permiten modificar trayectorias, ampliar horizontes y debilitar los vínculos con economías ilegales.

La medida, presentada como una forma de reforzar la responsabilidad individual, opera en realidad como una extensión del castigo. No se trata solo de sancionar una conducta, sino de proyectar sus efectos hacia el futuro, incluso después de cumplida la condena. Es, en términos simples, castigar el acceso a la educación.

Y aquí hay algo que no es opinable. Sabemos —y hace tiempo— que la educación reduce la reincidencia. No es una intuición ni una apuesta normativa: es uno de los hallazgos más consistentes en criminología. El acceso a oportunidades educativas, especialmente después del contacto con el sistema penal, es una de las pocas herramientas que efectivamente permiten modificar trayectorias, ampliar horizontes y debilitar los vínculos con economías ilegales.

En ese contexto, restringir ese acceso no fortalece la seguridad: la debilita. Porque lo que hace no es cerrar una trayectoria penal, sino prolongarla. No corrige trayectorias: las fija.

Pero además hay un desplazamiento más profundo, que tiene que ver con cómo estamos entendiendo el vínculo entre derechos sociales y castigo. Al condicionar el acceso a la educación al comportamiento previo, se instala una lógica de merecimiento que transforma derechos en premios. La educación deja de ser una herramienta de integración y pasa a ser un beneficio reservado para quienes cumplen ciertos estándares. Y en ese tránsito, hay trayectorias que dejan de ser pensadas como recuperables.

…quienes entran en conflicto con la ley no lo hacen en el vacío. Lo hacen en contextos atravesados por desigualdades acumuladas, trayectorias educativas interrumpidas, precariedad y ausencia de redes.

En el caso chileno, esto no es completamente nuevo. Más bien, se inscribe en una historia donde la educación ha operado de forma ambigua: formalmente reconocida como un derecho, pero en la práctica estructurada como un bien condicionado por trayectorias, recursos y comportamientos. En ese marco, restringir su acceso como forma de castigo no rompe con la lógica existente, sino que la profundiza.

Esto es especialmente problemático cuando se trata de jóvenes. Porque quienes entran en conflicto con la ley no lo hacen en el vacío. Lo hacen en contextos atravesados por desigualdades acumuladas, trayectorias educativas interrumpidas, precariedad y ausencia de redes. En ese escenario, quitar oportunidades no corrige esas condiciones: las profundiza.

Y, sin embargo, la evidencia va en sentido contrario. El 2 de abril de este año, en un encuentro entre el Ministerio de Justicia y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, se informó que 172 jóvenes en procesos de reinserción iniciarán estudios en educación superior durante 2026, de los cuales 157 contarán con gratuidad. Lejos de ser una anomalía, estos casos muestran el potencial concreto que tiene el acceso a la educación para modificar trayectorias marcadas por el contacto temprano con el sistema penal.

Por eso, el problema de fondo no es solo una medida específica, sino la forma en que seguimos abordando la violencia en las escuelas. Mientras se insista en tratarla como un problema que se resuelve principalmente con control, las respuestas tenderán a reforzar el castigo incluso allí donde la evidencia sugiere lo contrario. Y en ese marco, cerrar las puertas de la educación no es una solución. Es parte del problema.

Por Manuela Gil Valles

Investigadora del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago. Socióloga y magíster en criminología, victimología y delincuencia de la Universidad Internacional de Valencia.

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