Barcelona, 27 mar (EFE).- El Parlamento de Cataluña tramita desde el pasado febrero una propuesta -avalada por PSC-Units, JxCat, ERC, Comuns y la CUP- para modificar la ley de la eutanasia, con el fin de acortar los plazos de los recursos judiciales.
La Mesa de la cámara catalana admitió a trámite el pasado 17 de febrero esta propuesta para presentar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de modificación de algunas disposiciones normativas procesales con relación al derecho de morir dignamente, que será tramitada por lectura única.
La iniciativa, promovida por la asociación Dret a Morir Dignament, ha cobrado actualidad a raíz del caso de Noelia Castillo, fallecida ayer al recibir la eutanasia en Sant Pere de Ribes (Barcelona), tras un largo periplo judicial, ya que a esta mujer, afectada por una paraplejia, se le concedió la eutanasia en julio de 2024.
En la exposición de motivos, la propuesta razona que, para "no prolongar de forma innecesaria e inhumana" el "sufrimiento de la persona titular del derecho a recibir la prestación de la ayuda para morir", es necesario que "el procedimiento judicial de control de la resolución administrativa de la Comisión de Garantía y Evaluación se configure en la forma más abreviada posible y no se dilate más allá de lo estrictamente imprescindible".
Alargar más de lo debido estos plazos, alega el texto, implica imponer a estas personas "una prolongación de su vida, en contra de su propia voluntad, obligándolas a vivir en unas condiciones que para ellas ya no son dignas".
"La dilatación del proceso comportaría imponer a estas personas un sufrimiento añadido que resultaría equivalente a atentar contra su integridad y a infligir un trato inhumano de los que prohíbe expresamente el artículo 15 de la Constitución", añade.
Por ello, propone una reforma de la ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, para introducir la regulación de un procedimiento especial de recurso para la impugnación de las resoluciones de las Comisiones de Garantía y Evaluación previstas en la ley de la eutanasia, que "atienda a los criterios de máxima celeridad".
Dado que el objeto de estos recursos tiene un carácter perentorio pero comporta una resolución administrativa que puede ser definitiva para la dignidad, la integridad física y la vida de una persona en situación de máxima gravedad, se plantea "atribuir la competencia para conocerlos a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia competente territorialmente".
El nuevo proceso especial para estos recursos, señala la propuesta, es "por mandato constitucional, sumario y de tramitación preferente", por lo que se fijan unos plazos improrrogables y especialmente abreviados" y se simplifica el proceso, en única instancia y sin ningún recurso, salvo el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. EFE
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