El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso cuatro nuevas querellas, en distintas regiones del país, contra Alberto Larraín Salas, director ejecutivo y María Constanza Gómez Cruz, representante legal de la fundación ProCultura.
Las querellas interpuestas ante los juzgados de garantía de Valparaíso y Chillán, por el delito de fraude al Fisco, se dirigen igualmente contra distintos funcionarios públicos por su participación, junto a Larraín y Gómez, en la suscripción de convenios entre la fundación y la Seremi Minvu, el Serviu de Valparaíso y el Gore de Ñuble.
De acuerdo al CDE estos convenios “estaban destinados a la ejecución de proyectos vinculados a un programa de asentamientos precarios en el primer caso y a la iniciativa denominada ‘Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble’, en el segundo caso”.
Ante esta situación, se interpusieron querellas por apropiación indebida en contra Gómez y Larraín , y en contra de quienes resulten responsables en el marco de los antecedentes reunidos que dan cuenta de la distracción de recursos públicos entregados a la Fundación Procultura en el marco de convenios de transferencia con el Gobierno Regional de Biobío y el Gobierno Regional Metropolitano.
El presidente del CDE, Raúl Letelier, señaló que “como institución hemos mantenido una labor constante de estudio y análisis en aquellos asuntos referidos a convenios de transferencia de recursos públicos entre organismos del Estado y la mencionada Fundación, tanto desde la perspectiva penal como civil, a fin de resguardar los recursos fiscales que nos pertenecen a todos los chilenos”.
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