El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó cuatro nuevas querellas criminales contra el director ejecutivo de Fundación Procultura, Alberto Larraín Salas, y su representante legal, María Constanza Gómez Cruz, en el marco de la investigación penal que desarrolla el Ministerio Público por presuntas irregularidades en convenios de transferencia de recursos públicos.
Las acciones se interpusieron ante los Juzgados de Garantía de Valparaíso, Chillán, Concepción y Santiago, ampliando así el alcance judicial del caso que involucra proyectos financiados con fondos estatales.
En los tribunales de Valparaíso y Chillán, el CDE presentó querellas por fraude al fisco, dirigidas no solo contra los directivos de Procultura, sino también contra funcionarios públicos que participaron en la firma de convenios entre la fundación y:
- La SEREMI de Vivienda y Urbanismo (MINVU)
- El SERVIU de Valparaíso
- El Gobierno Regional de Ñuble
Los proyectos cuestionados estaban destinados al programa de asentamientos precarios en la Región de Valparaíso y a la iniciativa “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”.
Según los antecedentes recopilados, los convenios se firmaron sin los controles adecuados y derivaron en el uso irregular de fondos públicos.
Apropiación indebida en Biobío y la Región Metropolitana
En el Juzgado de Garantía de Concepción y en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el CDE presentó querellas por apropiación indebida, apuntando nuevamente a Larraín y Gómez, y a quienes resulten responsables del desvío de recursos provenientes de convenios suscritos con:
- El Gobierno Regional del Biobío
- El Gobierno Regional Metropolitano
Los antecedentes indicarían que recursos transferidos para programas culturales y comunitarios fueron distraídos de sus fines originales, afectando la correcta ejecución de proyectos financiados con fondos públicos.
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CDE: “Debemos resguardar los recursos de todos los chilenos”
El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, destacó que la institución ha mantenido un trabajo permanente de análisis y revisión de los convenios firmados entre entidades públicas y Procultura.
“Como institución hemos mantenido una labor constante de estudio y análisis en aquellos asuntos referidos a convenios de transferencia de recursos públicos entre organismos del Estado y la mencionada Fundación, tanto desde la perspectiva penal como civil, a fin de resguardar los recursos fiscales que nos pertenecen a todos los chilenos”, señaló Letelier.
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