La respuesta del Consejo de Defensa del Estado (CDE) a la firma pesquera sostiene que “una responsabilidad generalizada por los efectos de las leyes podría llevar a la quiebra del Estado y a la ruina de la Hacienda Pública". La empresa acusa un cambio de reglas tras la Ley de Fraccionamiento Pesquero aprobada en 2025.
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