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Exministros, parlamentarios y especialistas de oposición cuestionaron que el diagnóstico oficial reduzca el desempleo a «costos y rigideces para contratar», y advirtieron que la agenda del Gobierno vulnera derechos laborales sin sustento técnico ni empírico. Frente a eso, plantearon seis medidas concretas, respaldadas por evidencia, para lograr una reactivación laboral con derechos.

Santiago. 17/08/2026. Este lunes 17 de agosto, la Red de Centros de Pensamiento Progresistas (RCPP), que agrupa a los principales centros de pensamiento de centroizquierda e izquierda en Chile (Instituto Igualdad, Chile 21, Nodo XXI, ICAL, Centro Democracia y Comunidad, Horizonte Ciudadano, Rumbo Colectivo, Fábrica Chile, OPES, Fundación por la Democracia, Fundación Socialdemócrata, Fundación Moebius y La Casa Común), presentó junto a la Friedrich Ebert Stiftung el documento «Empleo para Chile: propuesta de la Red de Centros de Pensamiento Progresistas para una reactivación laboral con derechos».

La actividad se realizó en la Biblioteca del Ex Congreso Nacional y contó con la exposición de Fidel Bennett y un panel integrado por los senadores Daniel Núñez y Gastón Saavedra, el exministro Giorgio Boccardo y Nicolás Navarrete.

El exministro Giorgio Boccardo, de Nodo XXI, enfatizó que “esta es una oposición que está preparando propuestas y organizándose para evitar que los trabajadores y trabajadoras del país pierdan derechos laborales conquistados hace muchos años. También vemos con preocupación los anuncios de reforma al estatuto administrativo que vayan en la misma línea que hoy día se está proponiendo. Si las propuestas en empleo público van a ir en la misma línea de los anuncios laborales que se han hecho al Código del Trabajo, vamos a ver no solamente un retroceso en las condiciones de trabajo de los servidores públicos, sino que también en menores servicios públicos para la ciudadanía, que hoy los necesita demasiado”.

Por su parte, la exministra Patricia Silva, del Instituto Igualdad, señaló desde la Red, hizo un llamado a que “la agenda del gobierno no esté limitada simplemente a abaratar la contratación, abaratar el despido, y apropiarse del tiempo de los trabajadores. Esa es la principal preocupación que tenemos y el motivo de nuestra propuesta y acciones expresadas en este documento que estamos lanzando hoy día”.

En tanto, el senador Gastón Saavedra valoró la instancia como “una fecunda jornada en materia de presentar un documento base para la discusión de todos los centros del pensamiento progresista, para retomar la senda de la creación de empleo, pero de calidad”; y advirtió que “si se va a reiterar el desprecio que ha tenido el gobierno del presidente Kast, como en algún tiempo hablaron de parásitos del sector público, vamos por mal camino. El trabajador no es lo mismo que quien es su jefe superior, tanto en el ámbito del sector público como en la empresa. No hay una relación equilibrada, y se tiene que buscar una fórmula del buen trato, de las buenas prácticas y, al mismo tiempo, del cuidado del empleo”.

Por su parte, el doctor en economía Nicolás Navarrete, de la Fundación Por la Democracia, precisó que “la agenda del gobierno no contempla nada de las transformaciones del mercado laboral. No tiene una palabra de inteligencia artificial, de robotización y, por lo tanto, cómo eso va a cambiar el mercado laboral del futuro. Además, es muy pobre en términos de empleo juvenil y de pymes. Necesitamos una agenda fuerte para la micro, pequeña y mediana empresa que pueda producir más y mejores empleos, para ser un motor robusto. Así, construimos una economía más resiliente y también un mejor país para todas y todos”.

Las propuestas de la Red de Centros

Frente a este diagnóstico, la Red de Centros de Pensamiento Progresistas planteó seis propuestas con evidencia para generar más y mejor empleo formal, sin debilitar los derechos laborales:

• Respetar y fortalecer los espacios institucionales de diálogo tripartito, revitalizando el Consejo Superior Laboral.
• Ampliar el acceso a la educación parvularia, en particular en el tramo de 2 a 4 años, corrigiendo el copago contemplado en el proyecto de Sala Cuna Universal.
• Fortalecer el Subsidio Unificado al Empleo, ampliando su cobertura y flexibilizando sus requisitos de acceso.
• Acelerar la ejecución de obras públicas y vivienda mediante turnos adicionales de trabajo.
• Crear una Agencia Nacional de Empleo que unifique las instituciones hoy dispersas, como el SENCE, ChileValora, la Bolsa Nacional de Empleo, el Programa Proempleo y las Oficinas Municipales de Información Laboral.
• Impulsar mayor y mejor fiscalización de la informalidad laboral en empresas formales, cruzando información entre el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo y el Seguro de Cesantía.

Preocupación por el estado del mercado laboral y críticas al Gobierno

El informe pone alerta en el deterioro sostenido del mercado laboral chileno. Expresa preocupación por el hecho de que la informalidad laboral afecte hoy a uno de cada cuatro trabajadores, y por la persistencia de brechas estructurales que impiden la inserción laboral de mujeres, jóvenes y mayores de 55 años.

En ese sentido, el informe critica de manera transversal el diagnóstico y las decisiones del actual Gobierno en materia laboral. Cuestiona que la Mesa de Reactivación Laboral, convocada por el actual Ministerio del Trabajo, haya concentrado la mayoría de sus 22 propuestas en flexibilizar la regulación laboral vigente, sin ofrecer ninguna estimación de cuántos empleos generarían efectivamente esas medidas.

Critica también que el Ejecutivo haya impulsado con suma urgencia su agenda de flexibilización laboral, mientras medidas con respaldo transversal y evidencia sólida, como la ampliación de la educación parvularia, el fortalecimiento del Subsidio Unificado al Empleo o la aceleración de obras públicas y vivienda, no hayan recibido el mismo tratamiento legislativo.

El documento apunta, además, a los recortes generalizados al gasto público aplicados por el Gobierno, concentrados precisamente en las partidas de inversión más relevantes para la generación de empleo, con caídas de 28,4% en inversión acumulada, 29,2% en obras públicas, 31,6% en salud y 35,1% en vivienda.

A esto se suma el cuestionamiento a la decisión de financiar el shock externo derivado de la guerra en Irán mediante deuda de largo plazo, y a que la única respuesta del Gobierno para reactivar el empleo en el sector construcción, el Plan de Reconstrucción, se sostenga en una reforma tributaria cuyos eventuales efectos no se materializarían antes de 2027.

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