El Ciudadano
La Central Obrera Boliviana (COB) —la mayor organización sindical del país suramericano— anunció este lunes la implementación de un “cerco” a la plaza Murillo, sede del poder político, como parte de sus medidas de presión contra el Decreto Supremo 5503. La normativa, promulgada por el gobierno de Rodrigo Paz, elimina los subsidios a los combustibles y, según denuncian los sindicalistas, facilita la entrega de recursos estratégicos a privados.
El anuncio fue realizado por Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, en las inmediaciones de la plaza Murillo, ante una multitud de miles de trabajadores, mineros, transportistas, fabriles y sectores sociales afiliados que se congregaron en La Paz, que coreaban consignas como: “¡Viva el paro indefinido movilizado!”, “¡Viva la unidad del pueblo boliviano!” y “¡Muera el gasolinazo!, mientras efectivos policiales y barricadas ya custodiaban el recinto gubernamental.
“Vamos a cercar todo lo que es la plaza Murillo para generar presión y que, de una vez por todas, el Gobierno se toque el pecho y abrogue este maldito Decreto 5503”, afirmó.
La movilización se enmarca dentro de un paro general indefinido convocado por la central obrera, en rechazo a lo que califican como una “política neoliberal” que afectará a los sectores más vulnerables. El decreto, según la COB, no solo elimina los subsidios a la gasolina y el diésel —medida popularmente conocida como “gasolinazo”—, sino que también “facilita la entrega de recursos estratégicos a privados nacionales y extranjeros”.
Horas antes de la protesta, el Gobierno había extendido una invitación al diálogo, la cual fue recibida por la dirigencia sindical. Sin embargo, Argollo aclaró que la respuesta dependerá de una evaluación interna que se llevará a cabo en una reunión ampliada con federaciones y organizaciones regionales, respetando la voluntad de las bases.
“Pedimos la abrogación del decreto neoliberal 5503 que solamente beneficia a los millonarios, es un decreto maldito. Si no hacemos algo ahora, vienen días oscuros para nuestras familias”, advirtió el dirigente gremial.
La COB ha insistido en que cualquier mesa de negociación debe partir de la derogación previa del decreto, condición que hasta el momento no ha sido aceptada por el Ejecutivo.
Por su parte, Alfredo Llarerico, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras La Paz, respaldó la movilización y explicó que las protestas de los mineros se mantendrán hasta que se revierta la política neoliberal vigente desde el miércoles que suspende subvención a combustibles y facilita la entrega de recursos estratégicos a privados nacionales y extranjeros, consignó el portal La Época.
Las masivas protestas no se han limitado a la capital boliviana, ya que de manera simultánea, la Organización de Fabriles activó bloqueos en puntos estratégicos de Cochabamba, particularmente en la carretera Blanco Galindo que conecta con Oruro y La Paz. Este sector denunció que el Decreto 5503 fue promulgado sin una socialización previa con las organizaciones sindicales.
En el mismo departamento, el gremio del transporte libre paralizó las principales avenidas del norte de la capital con vigilias y barricadas. Sus representantes calificaron la medida como un “gasolinazo” que atenta contra su única fuente de ingresos, y aseguraron que “mantendrán los cortes de ruta hasta que la ley sea anulada definitivamente”.
Impacto del decreto neoliberal 5503
El Decreto Supremo 5503 fue promulgado el miércoles de la semana pasada, generando inmediatamente rechazo en sectores sindicales, transportistas y organizaciones sociales. Para el Gobierno de Paz, que lleva apenas un mes y pocos días en el poder, la medida busca “racionalizar el gasto público” y “evitar el contrabando de combustibles”.
No obstante, desde la oposición parlamentaria hasta las principales organizaciones sociales del país, gremios, incluyendo a la COB ,transportistas, juntas vecinales, campesinos y diversos sectores de la sociedad argumentan que el alza en los precios de la gasolina y el diésel generará un efecto inflacionario en productos básicos y afectará directamente a la economía popular.
De hecho, el denominado por el gobierno como «Decreto por la Patria», que elimina la subvención a los carburantes generó un sustancial incremento inmediato en sus precios. El litro de gasolina pasó de 3,70 a 6,96 bolivianos, mientras que el diésel subió de 3,72 a 9,80 bolivianos.
De acuerdo con la medida, estos nuevos precios estarán vigentes durante seis meses. Además, se permitirá la libre importación de carburantes.
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