El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió que Chile podría registrar en 2026 un cuarto incumplimiento consecutivo de la meta de Balance Estructural (BE), en un escenario marcado por riesgos tanto en los ingresos fiscales como en las presiones de gasto.
La alerta se da en el marco del informe N°23 del organismo —el primero en el actual Gobierno— que analiza las proyecciones fiscales para el período 2026-2030 elaboradas por la Dirección de Presupuestos en su Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025.
Según el CFA, las estimaciones para 2026 consideran ingresos efectivos equivalentes al 22% del PIB y estructurales de 21,2%, cifras que se ubican por debajo del gasto total proyectado de 23,8% del PIB. Esto derivaría en un déficit fiscal efectivo de -1,8% del PIB y un balance estructural de -2,7%, muy por debajo de la meta vigente de -1,1%.
El organismo advierte que este escenario implica un desvío de la meta por unos US$6.313 millones (1,6% del PIB), lo que podría traducirse en mayores necesidades de financiamiento.
Riesgos en ingresos y presión del gasto
El Consejo también identificó riesgos relevantes en la proyección de ingresos fiscales, señalando que estos contemplan crecimientos elevados en relación con la evolución de la actividad económica, lo que introduce incertidumbre sobre su cumplimiento.
Entre los factores de riesgo, mencionó el impacto del Impuesto Sustitutivo de Impuestos Finales (ISIF), que podría reducir la base imponible futura, y las exigentes metas de recaudación de la Ley de Cumplimiento Tributario, en comparación con estimaciones del Fondo Monetario Internacional.
Asimismo, el CFA advirtió que la intensificación del conflicto en Medio Oriente podría presionar las cuentas fiscales a través de un alza en el precio del petróleo, con efectos inflacionarios y potencial impacto negativo en los ingresos.
En materia de gasto, si bien el Gobierno proyecta una desaceleración en 2026 —con un crecimiento real de 1,7%—, el organismo detectó presiones adicionales, como el mayor gasto asociado al reajuste del sector público, equivalente a 0,45% del PIB (unos US$1.668 millones), que no cuenta con financiamiento completamente identificado.
Déficit persistente y deuda al alza
Para el período 2027-2030, el CFA proyecta una reducción gradual de los déficits estructurales, aunque sin converger al equilibrio, alcanzando un -1,1% del PIB hacia 2030. Este escenario, además, no contempla espacio para nuevos gastos más allá de los ya comprometidos.
En paralelo, se prevé que la deuda bruta aumente hasta 43,4% del PIB hacia el final del período, acercándose al nivel prudente de 45%. A esto se suma una disminución de los activos del Tesoro Público, lo que limita la capacidad de respuesta ante eventuales crisis.
El organismo advirtió que estas proyecciones no incorporan riesgos adicionales en ingresos ni nuevas presiones de gasto, lo que podría agravar las necesidades de financiamiento y aumentar el riesgo de superar el umbral prudente de deuda.
Recomendaciones para la sostenibilidad fiscal
Frente a este escenario, el CFA planteó una serie de recomendaciones para fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entre ellas, destacó la necesidad de avanzar hacia una convergencia fiscal creíble hacia el equilibrio estructural, mejorar la estimación de ingresos, establecer mecanismos de corrección ante desvíos y articular nuevas fuentes de financiamiento.
Asimismo, enfatizó la importancia de mantener la deuda por debajo del 45% del PIB, fortalecer los fondos soberanos —como el Fondo de Estabilización Económica y Social y el Fondo de Reserva de Pensiones— y avanzar en acuerdos amplios entre el Ejecutivo y el Congreso para resguardar la credibilidad de la regla fiscal.
Finalmente, el Consejo subrayó que lograr una estabilización de la deuda y recomponer los activos fiscales requerirá un esfuerzo significativo y sostenido, combinando crecimiento, eficiencia del gasto y nuevas fuentes de ingresos.
