Chancay podría convertirse en el nuevo Pataz: traficantes están ganando terreno en exteriores del terminal ante inacción de autoridades

Chancay podría convertirse en el nuevo Pataz: traficantes están ganando terreno en exteriores del terminal ante inacción de autoridades

Jaque en el terminal. Una denuncia que involucra a Sunarp, el Poder Judicial y la Fiscalía compromete una zona de influencia altamente propensa a convertirse en nuevo foco de la violencia y el crimen, según una investigación periodística

Sayán en el ojo de la tormenta. Mafias de tráfico de tierras amenazan con transformar el megapuerto de Chancay en un nuevo foco de violencia y crimen, según una investigación publicada por el diario Expreso. La presencia de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de terrenos ya ha dejado un saldo de dos personas asesinadas en la zona.

El Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú (PNP), investiga la operación de estas mafias que aprovechan el auge económico en el norte chico de Lima, impulsado por la construcción del terminal chino. Pero hasta el momento no se han logrado resultados contundentes, por lo que la situación está a punto de estallar.

Si no se desactivan las mafias, Chancay puede terminar siendo como Pataz: el caso Sayán

La investigación de Expreso revela que los traficantes de tierras han desarrollado un sofisticado esquema para despojar a los legítimos propietarios de sus terrenos. Utilizan asociaciones de fachada y convocan falsas reuniones de comuneros para legitimar sus acciones.

El modus operandi incluye la creación de documentos fraudulentos, invasiones organizadas y ventas ilegales, todo ello respaldado por un aparato legal y fiscal que, lejos de combatirlos, parece proteger sus intereses.

Uno de los casos más emblemáticos que sigue la policía involucra a la Comunidad Campesina de Sayán. Su presidente, Julio César Carlos Calderón, habría transferido terrenos pertenecientes a los copropietarios a la comunidad de Huacho y a la comunidad campesina lomera de Huaral, una acción considerada ilegal.

Estos terrenos se encuentran en litigio judicial para determinar la delimitación exacta que corresponde a cada comunidad, un proceso civil que permanece en el Poder Judicial de Huacho.

Mafias de tierras ponen en jaque al Mega Puerto de Chancay

Según Expreso, el 8 de junio de 2025, Carlos Calderón convocó y presidió una asamblea general extraordinaria en la que se adjudicaron gratuitamente terrenos en disputa y se aprobaron tres puntos clave: autorizar la compraventa de acciones y derechos sobre la totalidad de un predio inscrito en la Partida Electrónica N.° 08005504 del Registro de Predios de Huacho, aprobar adjudicaciones gratuitas sobre ese mismo predio y designar representantes para firmar las escrituras públicas, con facultades para rectificar, aclarar o adicionar lo que sea necesario.

El objetivo era vender la totalidad de acciones y derechos de la copropiedad de 60.848 hectáreas que deben repartirse entre las comunidades de Sayán, Huacho y lomera de Huaral. Estas acciones se realizaron sin que se haya determinado legalmente qué territorio corresponde a cada comunidad, lo que constituye una violación de la Ley General de Comunidades Campesinas (Ley 24656), que exige que la venta de tierras comunales solo puede realizarse mediante acuerdo aprobado por ley y fundado en el interés de la comunidad.

Comunidades campesinas, epicentro de disputas y fraudes en Chancay

A pesar de la ilegalidad de estas operaciones, los involucrados continúan tramitando nuevas ventas con terceros, utilizando la duplicidad de partidas en los registros públicos. Según la investigación de Expreso, existen operadores dentro de organismos de justicia, como la Fiscalía, Registros Públicos y el Poder Judicial, que facilitan estas transacciones.

Expreso señala que la comunidad de Sayán enfrenta varias denuncias penales por usurpación, falsificación, secuestro y coacción. El proceso judicial de división de tierras entre comunidades, bajo el expediente 01379-2006-0, permanece detenido desde hace años.

Además, el juez Abelardo Vidal Ramírez mantiene activa una medida cautelar garantizada por una fianza firmada por una persona fallecida en 2016, mientras que la fiscal Jazmín Vargas Espinoza, a cargo del caso 6065-2022, ha sido señalada por inacción pese a la gravedad de las denuncias.

En tanto, el presidente de la comunidad, Carlos Calderón, acumula al menos cinco denuncias en las fiscalías, incluyendo una por organización criminal. El caso está en manos del fiscal provincial Salas Ostos, pero las denuncias permanecen congeladas, sin detenciones ni avances visibles.

Red de abogados y grupos armados controla tráfico de tierras en Chancay

Según detalla el medio escrito, la PNP ha identificado al abogado Edgar Infantas Rodríguez, conocido como “Doctor Edgar”, como el operador legal del esquema. Aunque Infantas niega cualquier relación con la comunidad de Sayán, en la localidad se le reconoce como el estratega detrás de las maniobras legales.

Durante más de 15 años, Infantas fue abogado de la comunidad campesina lomera de Huaral y ahora habría pasado a Sayán, donde coordina cesiones fraudulentas, redacta documentos y activa medidas cautelares judiciales, aunque evita firmar los documentos. La abogada María del Carmen Zúñiga Loja es quien firma los documentos legales.

Junto a ellos, un grupo de individuos con antecedentes penales y vínculos con estructuras criminales, identificados por el Ministerio del Interior, ejecuta las invasiones y controla los predios en disputa. Este brazo armado estaría liderado por un sujeto conocido como alias ‘Ton’ o ‘Viejo’.

Fiscalía y Poder Judicial, señalados por inacción ante mafias de tierras

El esquema delictivo se completa con la obtención de títulos fraudulentos, la invasión de terrenos y el desalojo de los verdaderos dueños, quienes cuentan con inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) o los ocupan legalmente. Posteriormente, los terrenos se revenden, generando ganancias ilegales que se blanquean a través de esquemas de lavado de activos.

Organizaciones criminales armadas, como Los Z de Sayán y otras de Callao, Huacho, Pativilca y Trujillo, participan en estas operaciones. Un personaje conocido como “Don Cáceres” gestiona las acciones y mantiene contactos con organizaciones de Huaral y Chancay.

Así, las comunidades de Sayán y Huacho, según Expreso, se han convertido en fachadas inmobiliarias ilegales, manejadas por sus directivos en coordinación con abogados de seudónimos como “Dr. Edgar” (Edgar Infantas Rodríguez), “Dra. Milagros” (Milagros Patricio Mauricio) y “Dra. Cubas”, notarios y estudios legales de Huacho y Huaral, funcionarios de Sunarp implicados en la duplicidad de partidas, grupos armados y el coordinador logístico “Don Cáceres”.

Asesinatos y corrupción empañan auge del Megapuerto de Chancay

Las consecuencias de estas actividades ya se han cobrado vidas. Fausto Bustamante Maslucán, exreo del Penal de Carquín, fue asesinado el 4 de marzo de 2024, y Luis Verdi Marcos, el 29 de abril de 2024, ambos relacionados con compras de terrenos de las comunidades campesinas de Sayán y Huacho. Las investigaciones de estos crímenes permanecen estancadas en la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huacho.

Algunos funcionarios y trabajadores de registros públicos han decidido colaborar con las autoridades, entregando información que demuestra los malos manejos bajo la protección de la ley. El fiscal de Crimen Organizado y Lavado de Activos ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF de Lima que analice el movimiento económico de los denunciados, sus familiares y abogados, y ha pedido el levantamiento del secreto bancario de estas personas.