El Ciudadano
Por Eduardo Asfura
Si alguien –por las razones que sean– aún tenía dudas sobre la posición de José Antonio Kast frente a Israel y el genocidio del pueblo palestino, las semanas posteriores a su triunfo electoral las deben estar despejando por completo. Porque lo que hemos visto en estos días no se trata de gestos aislados ni de errores diplomáticos, sino de un posicionamiento político deliberado. Profundamente “ideológico”, como le gusta decir al presidente electo y a su entorno de aliados y asesores.
En este sentido, no es casual ni meramente “protocolar” el inmediato saludo recibido por Kast de parte del primer ministro de Israel -y prófugo de la justicia internacional- Benjamín Netanyahu. Un saludo que, casi tan inmediato como los del presidente argentino Javier Milei y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, dejó poco espacio a la interpretación: “Israel espera trabajar estrechamente con usted y con Chile para profundizar la cooperación en seguridad, innovación, agua, agricultura y crecimiento económico”, afirmó el responsable político del exterminio en Gaza. ¿Estrechar vínculos con un Estado denunciado internacionalmente por genocidio, crímenes de lesa humanidad, ocupación ilegal de territorios y venta de armas y tecnologías de control probadas durante décadas sobre las vidas palestinas? Más que de “relaciones”, habría que hablar de complicidades. Y los chilenos y chilenas debiésemos estar muy alertas frente a un retroceso de esta magnitud en nuestra política exterior.
Desde al menos enero de 2024, Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y diversos órganos del sistema internacional han sido explícitos respecto de las obligaciones de los Estados frente al genocidio del pueblo palestino. La CIJ, en particular, ha recordado a los países firmantes de la Convención contra el Genocidio que no sólo tienen el deber de no contribuir, directa o indirectamente, a la perpetración de estos crímenes, sino también la obligación activa de prevenirlos. Esto no es una exhortación moral, sino un mandato jurídico vinculante, que implica adoptar medidas concretas para impedir la continuación del genocidio. En este punto, conviene decirlo con claridad: Chile está incumpliendo parcialmente esas obligaciones, al mantener vínculos, intercambios y flujos de cooperación que, directa o indirectamente, pueden contribuir a la comisión de esos crímenes contra el pueblo palestino.
…la actuación de Chile frente a la cuestión palestina se ha mantenido dentro de unos márgenes mínimos de coherencia, aunque aún lejos de lo que exigiría la gravedad de los hechos.
En ese marco, la actuación de Chile frente a la cuestión palestina se ha mantenido dentro de unos márgenes mínimos de coherencia, aunque aún lejos de lo que exigiría la gravedad de los hechos. El gobierno de Boric ha respaldado, en términos generales, las resoluciones de Naciones Unidas: llamó a consultas a su embajador en Israel; se sumó a la demanda de Sudáfrica contra el Estado de Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia; retiró a los agregados militares chilenos de Tel Aviv -aunque un año después de que Israel hiciera lo propio-; dejó de adquirir armamento pesado de guerra al régimen sionista, aunque no ha suspendido la compra de tecnología de uso militar, particularmente sistemas de vigilancia, control y seguridad. Tecnologías que no sólo han sido ‘testeadas’ en Palestina, sino que también se utilizan en Chile en tareas de control social, militarización del Wallmapu y represión de movimientos sociales.
A ello se suma el impulso a un proyecto de ley para prohibir la importación de productos provenientes de los territorios palestinos ocupados ilegalmente. Se trata de medidas elementales, coherentes con una política exterior basada en los derechos humanos, pero claramente insuficientes frente a la obligación internacional de prevenir el genocidio. Sin embargo, incluso estas acciones mínimas han sido presentadas por la ultraderecha chilena y por sectores de la comunidad judía sionista como “conductas antisemitas” o como expresión de un “gobierno hostil a Israel”, como si defender la vida, la legalidad internacional y la prohibición absoluta del genocidio constituyera un acto de odio, y no –precisamente- una obligación ética y jurídica ineludible.
Una breve digresión sobre el uso del comodín “antisemita”: recordemos sólo un nombre, Stéphane Hessel. Diplomático francés de origen judío, combatiente de la resistencia contra el nazismo, sobreviviente de dos campos de concentración y uno de los redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Nada de ello le impidió ser tildado de “antisemita” por criticar la limpieza étnica y la ocupación de Palestina. “Un judío que se odia a sí mismo”, acusaron los sionistas, cuestionando su historia, su dignidad y su legado humanista.
Volvamos a Chile y a las preocupantes señales que el presidente electo y sus nuevos mejores amigos nos están mostrando sobre el futuro. Gideon Saar, figura del Likud y actual ministro de Exteriores israelí -quien declaró recientemente que Gaza “no tiene ningún futuro en su forma actual”- fue otro de los primeros en felicitar a José Antonio Kast tras su triunfo del 18 de diciembre. ¿Otro simple “formulismo protocolar”? Tal vez. Si no fuera porque hace pocos días se conoció que el presidente electo evalúa nombrar como asesor en relaciones internacionales a Eitan Bloch, ciudadano chileno-israelí, hijo del rabino sionista radical Alejandro Bloch y ex consejero del cuestionado ex embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli. El mismo Eitan Bloch que se ha definido públicamente como “un soldado político de Israel en la diáspora”, y que desde marzo podríamos ver en el segundo piso de La Moneda.
…estos gestos, vínculos y decisiones tempranas amenazan con quebrar una política de Estado sostenida por Chile desde el retorno a la democracia, basada en el reconocimiento del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
Entonces cabe preguntarse: ¿y lo de “no importar el conflicto”, señor presidente electo? ¿O ese pragmatismo sólo era válido cuando las principales importaciones desde la Palestina ocupada eran las atrocidades del ejército infanticida de Israel, que hoy los medios corporativos ya ni siquiera se dignan en informar?
En conjunto, estos gestos, vínculos y decisiones tempranas amenazan con quebrar una política de Estado sostenida por Chile desde el retorno a la democracia, basada en el reconocimiento del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Y no se trata de tomar partido “por unos o por otros”, sino de preservar la credibilidad ética y la responsabilidad jurídica de Chile frente a tratados fundamentales para la convivencia internacional y el respeto a la vida humana, como la Convención contra el Genocidio, los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma. La historia demuestra que, frente al exterminio de hombres, mujeres y niños, la ocupación ilegal y el apartheid, la neutralidad no es una opción: o se defiende el derecho internacional, o se lo viola.
Las señales del presidente electo son tempranas y claras. La pregunta es si el país, que alberga a la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe, está dispuesto a aceptarlas en silencio.
Por Eduardo Asfura
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