La sanción que el gobierno de Estados Unidos impuso a tres funcionarios del gobierno chileno, consistente en la revocación de sus visas a ellos y su familiares directos -donde uno de los afectados es el ministro de Transportes y Telecomunicaciones-, como evidente señal de molestia por la forma en que las autoridades han manejado la solicitud que hizo una empresa china para tender un cable submarino entre Hong Kong y la Región de Valparaíso, constituye sin duda una potente alerta para nuestro país sobre cómo deberá moverse en el contexto del conflicto comercial y geopolítico que mantienen China y EE.UU.
A pesar de que Washington estima que un cable submarino manejado íntegramente por China representa un riesgo para su seguridad y la de la región -tomando en cuenta que a través de este fluirá una enorme cantidad de datos-, aun así es un hecho objetivo que para el gobierno chileno no resulta sencillo dar una negativa de plano a China, tanto porque se trata de nuestro principal socio comercial, como por el gran interés que tiene ese país en potenciar este tipo de tecnologías a nivel global.
Con todo, el gobierno no puede pretender escudarse en este dilema para justificar la ineptitud con que ha manejado el caso. Desde luego, resulta inexcusable que no haya existido una versión clara desde el inicio, indicándose que el proyecto no había sido objeto de ninguna aprobación, sino que se estaba evaluando. Luego, gracias a informaciones periodísticas, se supo que el ministro de Transportes sí había aprobado un decreto donde se autorizaba la concesión por 30 años -restando aún que otros organismos se pronunciaran en diversas dimensiones técnicas-, pero que dos días después él mismo anuló, luego de recibir alertas desde la embajada de Estados Unidos de problemas de seguridad informática en el proyecto.
Más allá de que en este momento la iniciativa se encuentre congelada, no se puede obviar que las verdades a medias, las versiones discrepantes dentro del propio gobierno, el rol aún no aclarado que pudo haber jugado el Partido Comunista en acelerar esta concesión y el que no haya existido ninguna evaluación seria sobre las implicancias geopolíticas de haber seguido adelante con este cable, tratándolo como una inversión más, hablan de una nueva improvisación o impericia, que se suma a tantos otros casos ocurridos durante esta administración.
Sin perjuicio de este desaguisado, es importante extraer las lecciones que nos deja, donde probablemente una de las más relevantes es que ha dejado expuesta una importante falencia de nuestra institucionalidad, que carece de un sistema que permita evaluar bajo los parámetros de la seguridad nacional los potenciales efectos de la inversión extranjera en sectores estratégicos. Al tratarse de criterios conocidos de antemano, se reduciría el riesgo de tener que discriminar arbitrariamente entre inversionistas -un lujo que ciertamente nuestro país no se puede permitir-, facilitando además el proceso de tener que decir “no” incluso a socios estratégicos.
Los “screening” a la inversión extranjera directa (IED) son sistemas ampliamente utilizados en economías desarrolladas. El Reino Unido, por ejemplo, cuenta con la Ley de Seguridad Nacional e Inversión, que le permite impedir o incluso detener inversiones si estima que hay riesgos para la seguridad -predefiniendo áreas sensibles-, en tanto que la Unión Europea también ha implementado normas comunitarias para el “screening” de la IED. Estados Unidos cuenta con sistemas de este tipo, además de exhaustivos informes de inteligencia, en tanto que China también posee sistemas de evaluación de riesgos.
Una de las dimensiones que estas legislaciones consideran es evaluar el riesgo de que empresas que pertenezcan a otros estados adquieran participaciones mayoritarias o relevantes en sectores estratégicos, algo que resulta clave de anticipar ya sea porque se quiere evitar que indirectamente otro país pueda acceder a información sensible, o bien para reducir el riesgo de que un Estado quede sometido a las presiones de otro. Inevitablemente también cabe considerar la dimensión de que detrás de la inversión estén potencias en conflicto, como el caso de Rusia, lo que exige un cuidadoso análisis de sus implicancias. Aquí no hay un modelo único, pues depende de los intereses estratégicos de cada país, pero suelen establecerse mayores exigencias cuando se trata de inversión en infraestructura crítica, como asimismo definir países que pueden representar riesgos según la naturaleza de sus respectivos gobiernos.
Chile ha sido muy exitoso en atraer inversión extranjera, pero la falta de planificación y visión estratégica queda a la vista, generando importantes vulnerabilidades para el país. Así, no se reparó en las implicancias de que inversionistas estadounidenses terminaran controlando buena parte de la administración de los ahorros previsionales, como tampoco que empresas chinas manejen parte importante de la red de distribución eléctrica. De allí que no resulta infundado evaluar seriamente la posibilidad de establecer límites máximos para extranjeros en sectores que se hayan definido sensibles, como asimismo tener criterios bien establecidos de cómo proceder cuando detrás de las empresas estén gobiernos.
Tampoco parece existir una visión de seguridad nacional en la inversión portuaria. Las dificultades que se han generado en Perú con el puerto de Chancay, controlado por inversionistas chinos -donde hay dudas de si el Estado peruano puede fiscalizar sin ningún tipo de restricción- deberían resultar aleccionadoras para definir nuestra propia política portuaria, sobre todo cuando se avecina la licitación del Puerto Exterior de San Antonio, que prudentemente acaba de ser postergada para julio, dando margen al nuevo gobierno para ponderar los efectos de que eventualmente se lo termine adjudicando un inversionista chino.
En la escena geopolítica actual los cables submarinos constituyen otro ámbito de crucial importancia: sobre el 90% del tráfico internacional de datos fluyen por estos, existen varios proyectos en curso y por ello no debe extrañar que algunos analistas ya anticipan que viene una “guerra de los cables”, de la mano de las superpotencias. De modo que su autorización sin duda debería guiarse con lógicas mucho más estratégicas, y no solo comerciales.
Es claro que Chile, sobre todo en un contexto geopolítico cada vez más complejo, necesita urgentemente políticas de “screening”, sumándose a las tendencias del mundo desarrollado, tarea que debería asumir el futuro gobierno junto al Congreso. Para ello es importante asimilar las mejores prácticas internacionales, y tener a la vista un sano criterio que sigue el mundo privado, cual es diversificar sus proveedores y así evitar una excesiva dependencia, lo que mejora las posibilidades de negociación.
🔥 Ver noticia completa en LaTercera.com 🔥
