El Ciudadano
Ruptura del estándar chileno: La decisión que contradice la propia historia de FIDAE
La decisión del Gobierno de José Antonio Kast de permitir la participación de Israel Aerospace Industries (IAI) en FIDAE 2026 no constituye un acto neutral de organización ferial, sino una ruptura deliberada del estándar de política exterior que el propio Estado de Chile había consolidado en 2022 y 2024. Aquel estándar, construido bajo dos administraciones de signos opuestos (Piñera y Boric), estableció un principio claro: FIDAE no debe ser una plataforma para la promoción de industria militar vinculada a Estados cuyas capacidades bélicas sean utilizadas en contextos de vulneraciones graves y verificables del derecho internacional.
Mientras que en 2022 se excluyó a Rusia por la invasión a Ucrania, y en 2024 se amplió la medida a empresas israelíes por la situación en Gaza, la actual administración revierte este criterio sin ofrecer un fundamento jurídico nuevo que justifique el trato diferenciado. La naturaleza estatal de IAI —subrayada por un informe de la Relatora Especial de la ONU de 2025 que la identifica como una empresa “state-owned” integrada al aparato militar israelí— agrava la contradicción, pues Chile termina facilitando la promoción de una entidad que forma parte estructural del Estado ocupante declarado ilícito por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en julio de 2024.
Desalineamiento internacional: Chile camina solo mientras Europa cierra puertas
La participación de IAI en FIDAE 2026 sitúa a Chile en una posición de franco desalineamiento respecto de la práctica reciente de las democracias occidentales. Desde 2023, países como Francia (Eurosatory 2024), España (FEINDEF 2025), Países Bajos (NEDS 2025) y Reino Unido (DSEI 2025) han restringido o excluido directamente a empresas israelíes de sus principales ferias de defensa. Más allá del ámbito ferial, naciones como Alemania, Italia, Canadá y Bélgica han suspendido nuevas exportaciones de armas a Israel o han bloqueado componentes críticos (como los Países Bajos con las piezas del F-35) por el riesgo fundado de que sean utilizados en Gaza en violación del Derecho Internacional Humanitario. “Las empresas que envían armas, partes, componentes o municiones a Israel corren el riesgo de ser cómplices de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, advirtieron expertos de Naciones Unidas en junio de 2024. En este contexto, la decisión chilena no solo ignora estas alertas, sino que proyecta una imagen de excepcionalidad normativa que debilita la credibilidad del país en foros multilaterales.
IAI bajo la lupa de la ONU: Genocidio rentable y campos de prueba en Gaza
El señalamiento a IAI no proviene de organizaciones no gubernamentales, sino de un documento oficial del sistema de Naciones Unidas de 2025. El informe de la Relatora Especial sitúa expresamente a IAI entre las entidades corporativas que sostienen la “economía de ocupación, apartheid y genocidio”. El texto es contundente al afirmar que, para empresas israelíes como IAI y Elbit Systems, el “ongoing genocide” (genocidio en curso) ha sido una empresa rentable, vinculando el aumento del gasto militar israelí entre 2023 y 2024 con un incremento agudo de sus beneficios. Además, el informe detalla que los drones omnipresentes en los cielos de Gaza han sido “largely developed and supplied” (desarrollados y suministrados en gran medida) por estas empresas, actuando en tareas de vigilancia y provisión de inteligencia para objetivos. Es decir, IAI no es un proveedor secundario: es un engranaje central en la maquinaria bélica que opera en el Territorio Palestino Ocupado, cuya presencia continuada fue declarada ilícita por la CIJ.
El marco jurídico que no puede ignorarse: Complicidad y deber de no asistencia
La discusión sobre la participación de IAI en FIDAE 2026 ya no puede circunscribirse al plano político o reputacional, pues activa obligaciones jurídicas concretas para terceros Estados. La Opinión Consultiva de la CIJ del 19 de julio de 2024 concluyó que todos los Estados tienen la obligación de no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación ilícita derivada de la presencia israelí en el Territorio Palestino Ocupado. Al permitir que una empresa estatal israelí —cuyos productos son utilizados en esa ocupación— promueva sus capacidades militares en suelo chileno con la anuencia del gobierno, se configura un acto de facilitación institucional que colisiona frontalmente con ese deber de no asistencia. Como ha documentado Amnesty International en su briefing “Pull the Plug on the Political Economy Enabling Israel’s Crimes” (septiembre de 2025), “Estados, instituciones públicas y empresas deben dejar de contribuir a la ocupación ilícita, al apartheid y al genocidio en Gaza”. La promoción de IAI en FIDAE constituye, en los hechos, una contribución a la normalización de la industria que hace posible esos crímenes.
Riesgos jurídicos reales: De la teoría a la exposición concreta de autoridades chilenas
Lo que hace un lustro era un riesgo hipotético, hoy es un escenario concreto. El contexto jurídico internacional ha mutado radicalmente: existen medidas provisionales de la CIJ en el caso contra Israel por genocidio, órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra altas autoridades israelíes (Netanyahu en condición de prófugo por crímenes de guerra y de lesa humanidad), y una creciente activación del principio de jurisdicción universal en tribunales europeos.
En este escenario, las autoridades chilenas que impulsaron, respaldaron o ejecutaron la decisión de incluir a IAI —incluyendo al Presidente, los Ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, el Comandante en Jefe de la FACH y el Presidente de FIDAE— asumen un nivel de exposición personal que podría derivar en acciones cautelares, litigación estratégica o cuestionamientos regulatorios en jurisdicciones extranjeras. No se trata de una amenaza inminente, sino de una vulnerabilidad jurídica evitable que el Estado chileno ha decidido asumir sin justificación aparente.
Coherencia estratégica: La contradicción con la exclusión rusia que erosiona la política exterior
Quizás el aspecto más débil de la decisión sea su flagrante contradicción interna. Chile mantiene vigente la exclusión de Rusia en FIDAE —una medida adoptada en 2022 y sostenida hasta hoy— bajo el argumento de no facilitar la promoción de industria militar vinculada a violaciones del derecho internacional. Sin embargo, permite la participación de IAI en un contexto igualmente marcado por graves cuestionamientos internacionales, incluyendo un pronunciamiento de la ONU que habla de “genocidio en curso”.
Si el criterio es que Chile no debe ser plataforma de promoción bélica asociada a contextos de vulneraciones graves, su aplicación selectiva debilita la credibilidad del Estado, expone al país a críticas fundadas de doble rasero y erosiona la coherencia de la política exterior. Para una potencia media como Chile, que no puede imponer su voluntad por la fuerza, la consistencia en el respeto al derecho internacional no es un lujo discursivo: es una necesidad estratégica para preservar su margen de acción en el sistema internacional.
Una señal de política exterior con efectos que exceden lo ferial
La decisión de permitir la participación de Israel Aerospace Industries en FIDAE 2026 no es una decisión técnica ni neutra. Es una señal de política exterior que implica: una ruptura del estándar chileno consolidado en 2022 y 2024; un desalineamiento con la práctica de democracias occidentales que han restringido a Israel; una exposición a riesgos jurídicos, políticos y reputacionales concretos; y una afectación directa a la coherencia de la política exterior chilena al mantener la exclusión de Rusia pero habilitar a IAI.
En un contexto internacional crecientemente tensionado, donde el respeto al derecho internacional constituye una herramienta esencial para países que no son potencias militares, la consistencia no es un lujo: es una necesidad estratégica. El gobierno de Kast aún está a tiempo de revisar una decisión que, de mantenerse, dejará a Chile en una posición de excepcionalidad injustificada y jurídicamente vulnerable.
La entrada ¿Chile normaliza el genocidio de Gaza en FIDAE? Nuevo escándalo sacude a Gobierno de Kast por traer a brazo armado de Israel se publicó primero en El Ciudadano.
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