¿Chile seguirá la misma senda? La reforma laboral de Milei que busca retroceder a Argentina más de un siglo

Empresarios podrán despedir sin costo y fijar jornadas de 12 horas: el proyecto de Milei antiderechos, antisindical y antiestado que desmonta un siglo de avances en Argentina

Según una publicación de Página/12 de Argentina el 12 de diciembre de 2025, el gobierno del presidente Javier Milei ha ingresado al Senado una reforma laboral que, enmascarada en una «modernización», busca un «retroceso de más de un siglo» en los derechos conquistados.

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El medio señala que el proyecto, de 191 artículos, «desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga», configurando una «transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del capital». La fuente citada indica que el texto final «debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades».

La reforma es descrita como «una de las mayores retrocesos en materia de derechos desde el regreso democrático», contiene medidas de alto impacto. En materia de jornada laboral, la publicación detalla que el texto «confirma la creación de los bancos de horas, que habilitan jornadas de hasta 12 horas», diluyendo el pago de horas extras. Respecto a despidos, la publicación de Página/12 informa que se reduce la base de cálculo de las indemnizaciones al excluir conceptos como el aguinaldo, y se permite a las pymes pagarlas en cuotas. Además, se crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que, según la abogada Natalia Salvo consultada por el diario, implica que «a los empresarios les va a salir gratis despedir mientras se desfinancia la seguridad social».

Otro eje crítico de la reforma, según el análisis, es el ataque a la organización colectiva. El proyecto «incorpora límites al derecho de huelga al ampliar la definición de servicios esenciales» y crea la categoría de «servicios de importancia trascendental», que para el investigador Luis Campos, citado textualmente, aplica este criterio restrictivo «a casi todas las actividades, incluidas la gastronomía, la producción de aceite o los medios de comunicación». Asimismo, la publicación destaca que la iniciativa «descentraliza la negociación colectiva» y restringe la afiliación sindical, por lo que los especialistas concluyen que es «profundamente antiderechos, antisindical y antiestado».

La publicación de Página/12 advierte que el proyecto perjudica especialmente a monotributistas y trabajadores de plataformas, al «invertir la presunción de laboralidad». Esto significa que, como explica el medio, «ya no se partirá de la presunción de que existe un contrato laboral», dejando a miles sin protección. La abogada Natalia Salvo remarca en la nota que esta «modernización» es en realidad «una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas», ignorando avances globales y retrocediendo a un modelo anterior a la Ley de jornada de 8 horas de 1929.

La publicación cierra subrayando la contradicción central: en un contexto con un 43% de informalidad, la reforma «empuja al país hacia un pasado sin resguardo alguno, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad del más fuerte: el empleador». Lejos de crear empleo formal, Página/12 concluye que el único objetivo del proyecto es «abaratar costos para el empleador y ampliar la desprotección sobre el sector más débil».

Los riesgos de regresión en Chile en derechos laborales

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a través de su Consejo Directivo Nacional, ha declarado públicamente que, tras analizar el programa del candidato José Antonio Kast, “votar por el candidato de la ultraderecha es votar en contra de las y los trabajadores y de los derechos conquistados”. La central sindical, citada en su pronunciamiento del 24 de noviembre, alerta que la ultraderecha representa “un retroceso profundo para el mundo del trabajo”, poniendo en riesgo importantes conquistas para la dignidad de los trabajadores y trabajadoras como la reducción de la jornada a 40 horas, la Ley Karin y los aumentos sostenidos del salario mínimo.

El núcleo de la amenaza, según analistas y dirigentes, radica en propuestas específicas que buscan desmontar pilares de la protección laboral. El programa de Kast plantea “eliminar la indemnización por años de servicio”, reemplazándola por un fondo individual, una idea que, como señala el cientista político Tomás Arias de la Fundación Chile 21 y replicado por El Mostrador, afirma que será traducido en más precariedad laboral para los trabajadores y un Estado menos presente: “Estos planteamientos revelan que la propuesta laboral de Kast fue elaborada desde relatos distorsionados y un fanatismo ideológico, sin pensar realmente en los trabajadores más desventajados de nuestra sociedad”.

Antonio Páez (ex sindicato de Starbucks), citado por IzquierdaDiario, señala: “recordemos que ya hubo un primer ataque a los años de servicio durante la dictadura militar, que fue la que en 1981 con el código laboral de José Piñera redujo los años de servicio a 11 años. Y ahora lo que quiere hacer Kast es que nosotros mismos como trabajadores nos paguemos los años de servicio, a través de «un ahorro» mensual, que saldrá desde el bolsillo del trabajador. Donde actualmente las empresas ni siquiera los 11 años quieren pagar, por eso muchas de las indemnizaciones terminan judicializandose”, liberando de responsabilidad a las empresas.

Además, se propone una peligrosa “flexibilización” para pactar jornadas e indemnizaciones individualmente, debilitando la fiscalización de la Dirección del Trabajo.

El llamado de las organizaciones sindicales es a la movilización y defensa activa. Tanto la CUT como la ANEF –que en su XIX Asamblea Nacional Extraordinaria resolvió apoyar a la candidata Jeannette Jara– han emplazado a sus bases a informar y organizarse.

El presidente nacional de la ANEF, José Pérez Debelli, llamó a “defender el empleo público, la estabilidad laboral y a las y los trabajadores del Estado frente a cualquier arremetida”.

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