La senadora Daniella Cicardini y los diputados Daniel Manouchehri y Juan Santana (PS) ingresaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que fiscalice el eventual incumplimiento de la obligación legal de realizarse test de drogas por parte de autoridades de gobierno.
La acción apunta a ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio, quienes —según establece el artículo 110 de la Ley N°21.806— deben someterse a un examen de drogas mediante muestra de pelo al momento de asumir sus cargos, cuyos resultados además deben ser públicos. Esta norma fue impulsada por los propios parlamentarios durante la tramitación de la Ley de Reajuste del sector público en enero pasado.
El requerimiento busca que el órgano contralor determine si dicha obligación fue cumplida en tiempo y forma por las actuales autoridades, así como establecer si existieron eventuales infracciones a la normativa vigente. Asimismo, solicita que se informe si los exámenes fueron realizados, en qué fecha y bajo qué condiciones de publicidad.
“Ha pasado un mes y hasta ahora no existe ninguna información oficial que permita acreditar su cumplimiento. Si los exámenes se hicieron, el gobierno debe informar sus resultados. Y si no se hicieron, debe explicar por qué no cumplió una obligación legal”, afirmó el diputado Daniel Manouchehri, quien subrayó que “la transparencia no es opcional”.
En la misma línea, la senadora Daniella Cicardini emplazó al Ejecutivo a dar claridad sobre el cumplimiento de una norma que —según recalcó— busca elevar los estándares de probidad en las más altas autoridades del Estado.
“Si el gobierno ha señalado que su prioridad es la seguridad, tiene que actuar con coherencia. La ley es clara: al asumir, todas las autoridades deben realizarse el test de drogas y sus resultados deben ser públicos. Por eso, la pregunta es simple: ¿se lo hicieron o no? Y si se lo hicieron, ¿por qué no se conocen los resultados?”, señaló.
Por su parte, el diputado Juan Santana sostuvo que la presentación ante Contraloría busca despejar cualquier duda sobre el cumplimiento de una obligación legal expresa.
“Aquí no hay espacio para interpretaciones ni silencios administrativos. La ley es clara y establece una obligación concreta. Lo mínimo es que el gobierno acredite si cumplió o no, y en caso contrario, explique las razones”, afirmó.
Los parlamentarios indicaron que será ahora la Contraloría General de la República la que deberá pronunciarse sobre un eventual incumplimiento de la normativa.
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