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El 30 de julio de 1976, con España dando los primeros pasos hacía la "normalidad democrática" y tan solo 27 días después de la llegada al Gobierno de Adolfo Suárez tras la dimisión de Carlos Arias Navarro, el nuevo Consejo de Ministros marcó sus prioridades y aprobó el Decreto-Ley 10/1976 de Amnistía para olvidar "cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles".

Con esta nueva norma pudieron salir de prisión los condenados por delitos de intencionalidad política y de opinión --sin sangre--, por delitos militares concretos, los prófugos y desertores así como las personas castigadas por cometer infracciones administrativas.

La amnistía llegó ocho meses después de que el rey Juan Carlos concediera, tras la muerte del dictador Francisco Fanco, un indulto a presos comunes y políticos, que afectó a unas 12.000 personas. Sin embargo, las prisiones continuaron llenas porque quedaron excluidos de aquella primera medida de gracia buena parte de los presos comunistas y el 90% de los reos del nacionalismo vasco.

Así, el Consejo de Ministros se afanó por sacar adelante un decreto de amnistía con el objetivo de "establecer una democracia integradora como proceso de salida de un régimen autoritario", ha declarado a Europa Press Rafael Arias-Salgado, exministro de los Gobiernos de Adolfo Suárez y Calvo Sotelo, exsecretario general de UCD y actual presidente de la Fundación Transición Española.

Con esa primera norma, que se publicó en el BOE el 4 de agosto y que el día 24 de ese mes entró en vigor, 287 personas salieron de la cárcel. Para Eduardo Ranz, abogado especialista en Memoria Democrática, el decreto llegó en un momento difícil al regir todavía las leyes fundamentales del franquismo y no estar aún constituidas las Cortes. "En ese contexto tiene sentido que se actuara de esa manera, con un decreto así", expresa.

Además, Ranz añade otro riesgo que enfrentaba el recién conformado Gobierno de Suárez y por el que le urgía sacar la norma adelante: "Podía haber una involución militar importante, que los militares salieran a la calle. Por eso ese encaje legal en ese contexto es muy acertado".

SENTÓ LAS BASES DE LA "RECONCILIACIÓN NACIONAL" QUE PIDIÓ EL PCE

Arias-Salgado pone en el foco el papel que tuvo este decreto como primer paso para asentar las bases de lo que ya en el año 1956 el Partido Comunista de España había llamado "reconciliación nacional".

"Toda la filosofía de la amnistía tanto de los decretos como especialmente de la proposición de ley tienen como base política y filosofía la necesidad de reconciliación nacional, de hacer un régimen político para todos los españoles sin excepciones", sostiene el exministro.

En este sentido, la amnistía de julio de 1976 fue el paso previo necesario para la legalización de los partidos políticos, que finalmente ocurrió en febrero de 1977 (con el broche del PCE en abril), para poder "equiparar a España a los sistemas democráticos vigentes en los países europeos", recuerda Arias-Salgado.

Aunque según Eduardo Ranz hubiera cierto "cálculo político" en este decreto y la legalización de los partidos, la realidad era que con todos aquellos políticos en prisión no era posible conducir a España hacia una democracia.

"Había mucha gente que no podía presentarse a unas elecciones, por lo que este decreto se orienta a esos primeros comicios. Antes de unas elecciones libres había que legalizar a los partidos y eso también significa indultar entre comillas o legalizar a los políticos que encabezaban estas listas", reflexiona Eduardo Ranz.

PARA ALGUNOS FUE UN "INDULTO ENCUBIERTO"

Sin embargo, hay quienes defienden que este decreto, aunque se presentara como amnistía, en realidad fue "un indulto encubierto". Es la tesis de Javier Tébar, doctor en Historia por la Autónoma de Barcelona y profesor en la Universidad de Barcelona, que se apoya en el libro autobiográfico publicado por Alfonso Osorio, vicepresidente del Gobierno en aquel momento, 'Trayectoria política de un ministro de la Corona'.

"Osorio, en sus memorias, comenta que Suárez le dice: 'Vamos a llamarle amnistía, pero en realidad lo que vamos a hacer es un indulto'. Y ahí está la cuestión, porque son figuras jurídicas distintas", cuenta Tuébar, para recordar que esa amnistía asumió características del indulto como que posteriormente "se volvió a detener, procesar y condenar" a personas por los delitos ya amnistiados.

Por su parte, Rafael Arias-Salgado defiende que en ese momento era "la posibilidad que había" porque aún no se "había iniciado el proceso de transición" y por ello, en "sentido técnico y estricto" aquel Decreto-ley era la única opción viable.

En cualquier caso, los expertos aseguran que la voluntad de sacar adelante el decreto fue total y compartida tanto por la sociedad como por los dirigentes políticos del momento. De hecho, un año después, esa querencia continuaba intacta y el primer acto legislativo de las nuevas Cortes Constituyentes fue reunir una ponencia para redactar la Ley de Amnistía.

"Eso expresa la voluntad que había porque no es posible establecer un sistema democrático que no aspire a la integración política y social de todos los ciudadanos", reitera Arias-Salgado.

AMNISTÍA SINDICAL

Aún así, muchas personas vieron cómo tendrían que continuar en prisión tras aquel decreto. Faltaba una parte fundamental: la amnistía sindical. En la década de los setenta y concretamente en 1976 ocurrió lo que se conoce como "la cadena de huelgas" que se saldó con cientos de trabajadores detenidos.

Entre ellas, por ejemplo, estarían las del líder de CCOO, Marcelino Camacho, quien salió de prisión con el indulto de noviembre de 1975, pero fue detenido de nuevo en varias ocasiones en 1976 por las revueltas laborales.

En total, en 1976 se convocaron más de 17.000 paros solo en los primeros meses del año. Unas huelgas que, al final, "no eran estrictamente laborales" porque la línea entre los motivos de trabajo y los políticos era muy fina, recuerda Tuébar. "Discernir entre lo laboral y lo político aquí no tiene mucho sentido", sostiene el historiador.

El decreto fue complementado con acuerdos posteriores y otras normas que en los meses siguientes aumentaron los casos amnistiados. Así, unos días después se aprobó en el Comité Ejecutivo Sindical -parte de la estructura del sindicato vertical del franquismo- la aplicación de la medida de gracia "de forma limitada" en el ámbito sindical. Además, el 1 de octubre de ese mismo año se dictaron las normas para aplicar la amnistía a los funcionarios de la administración local.

NACIMIENTO DE LA LEY DE AMNISTÍA DE 1977

De aquel Decreto y sus complementaciones posteriores, cuando ya se conformaron las primeras Cortes Constituyentes de la democracia, nació la Ley de Amnistía de 1977, que, según el presidente de la Fundación Transición Española, aún a día de hoy sigue vigente.

"Esa es mi tesis. Es una ley que tiene una vigencia sin solución de continuidad", explica Arias-Salgado. Es decir, una norma que, a su juicio, no cabe modificar ni rectificar. "Es una ley fundacional de un proceso de reconciliación nacional que culmina en una constitución democrática plenamente integradora", subraya.

Así, en su opinión, "cabe hacer amnistías posteriores" y pone de ejemplo la 1/2024 del Gobierno de Pedro Sánchez para implicados en el 'procès' catalán. Pero insiste: "Lo que no cabe es modificar ni rectificar una ley que produjo sus efectos y esos efectos no son reversibles".

Tras la posterior Ley de Amnistía, en 50 años de democracia se han aprobado otras medidas de gracia, especialmente en materia fiscal para perdonar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Las primeras datan de 1984 y 1991, con Felipe González al frente del Ejecutivo. En 2012, Mariano Rajoy impulsó una amnistía fiscal, hasta llegar a la de 2024 relativa al proceso independentista catalán.