El Ciudadano
El Centro de Información Palestina (CIP) denunció que la Embajada de Israel en Chile recurre a la desinformación como herramienta para para encubrir el secuestro de civiles integrantes de la Flotilla Global Sumud.
A través de un comunicado, la organización planteó que las declaraciones emitidas desde la entidad diplomática como por parte de comunidad chilena de Israel no solo contienen acusaciones falsas, sino que además buscan estigmatizar a los participantes de una misión humanitaria que navega desarmada.
“El Centro de Información Palestina condena las declaraciones emitidas por la Embajada de Israel en Chile y la Comunidad Chilena de Israel, que difunden acusaciones falsas contra la Flotilla Global Sumud y sus participantes. Se trata de un discurso que desinforma, estigmatiza y contribuye a justificar acciones contra civiles que navegan desarmados en una misión de carácter humanitario”, señala el texto del CIP.
Cabe recordar que Israel interceptó 22 embarcaciones de la flotilla en aguas internacionales, a menos de 80 millas náuticas al oeste de la isla griega de Creta mientras se dirigían a Gaza en una misión humanitaria para enfrentar el genocidio y entregar ayuda humanitaria urgente para la población palestina. Durante esta agresión 175 civiles, incluyendo a la periodista chilena Macarena Chahuán, fueron secuestrados y trasladados a la nave israelí Nahshon donde habrían sufrido violencia física y verbal.
El CIP señaló que las afirmaciones de la representación diplomática israelí en Chile sobre supuestas operaciones encubiertas de la flotilla son un intento deliberado de criminalizar a sus integrantes y desviar la atención de los hechos ocurridos en aguas internacionales.
“Las afirmaciones sobre supuestas operaciones encubiertas buscan instalar la criminalización de la flotilla. Ese relato se sostiene sobre lo que ya ocurrió en aguas internacionales, con embarcaciones interceptadas y sus integrantes secuestrados. La flotilla corresponde a una misión civil y no armada, con el objetivo de visibilizar el bloqueo prolongado sobre Gaza”, agrega el comunicado.
Desde una perspectiva jurídica, el CIP enfatiza que la interceptación de las embarcaciones en alta mar, el traslado forzoso de sus tripulantes y su posterior secuestro, “constituyen violaciones al derecho internacional, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que garantiza la libertad de navegación en alta mar, así como normas del derecho internacional humanitario que protegen a civiles”.
“Estas acciones también contravienen la prohibición de castigos colectivos establecida en el Cuarto Convenio de Ginebra”, detalla el texto compartido por la agrupación en sus redes sociales.
El comunicado también hace referencia a denuncias concretas sobre las condiciones de detención que habrían sufrido activistas capturados durante la interceptación de las embarcaciones de la flotillas y se refiere a los casos de Thiago Ávila y Saif Abukeshek, quienes habrían sido sometidos a torturas y abusos durante su cautiverio.
“Existen denuncias graves confirmadas por autoridades y testimonios. Activistas como Thiago Ávila y Saif Abukeshek han reportado torturas, negligencia médica y abusos degradantes durante su captura. Estas prácticas han sido documentadas durante décadas por organizaciones internacionales de derechos humanos en relación con la población palestina”, afirma el documento.
El fin de semana, un tribunal israelí ordenó que Ávila yAbukeshek permanezcan detenidos hasta el 5 de mayo, pese a que no existen cargos formales en su contra.
“La reiteración de estos hechos, acompañada de declaraciones que buscan justificarlos, consolida un marco de impunidad sostenido en la desinformación y en la normalización de la violencia contra civiles. La desacreditación de la flotilla desplaza la atención de las violaciones en curso y contribuye a su continuidad”, indicaron en el comunicado.
Finalmente, el Centro de Información Palestina extendió un llamado a las autoridades chilenas y a la comunidad internacional para exigir el respeto irrestricto del derecho internacional.
“La protección de civiles no admite interpretaciones interesadas ni discursos que encubren abusos”, concluye el pronunciamiento.
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