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El informe de Contraloría, en el cual se detectó que hubo llamados del jefe de asesores de la extitular de Salud, motivó a que en las bancadas de derecha comenzaran a explorar ofensivas tanto judiciales como legislativas. “Puede ser una acusación constitucional o una querella por tráfico de influencias”, advierte el diputado Andrés Celis (RN).