La pugna surgió luego de que el ente encabezado por Dorothy Pérez estableciera requisitos y condiciones para el otorgamiento de un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en favor de Minera Ascotán, una coligada de Codelco. Sin embargo, el organismo dio un giro y este jueves publicó en el Diario Oficial la Resolución N° 14 que establece un cambio de fondo en la manera en que el Estado fiscaliza los negocios de sus empresas cupríferas.
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