En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago comenzó este viernes la formalización de los abogados Gonzalo Migueles -en la foto, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco-, Mario Vargas y Eduardo Lagos, detenidos en marco del caso Muñeca Bielorrusa.
Se trata de una investigación que encabeza la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos, soborno y cohecho. Los tres se entregaron el martes a Carabineros, tras emitirse órdenes de detención.
Según la Fiscalía, los abogados Vargas y Lagos como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, pagaron 45 millones de pesos a la exministra Vivanco a través de Migueles, para que fallara en contra de Codelco en un litigio por una fallida licitación.
Migueles recibió el soborno de 45 millones en pesos y dólares
Vivanco presidió la sala de la Corte Suprema que finalmente condenó a Codelco a pagar $17.000 millones al consorcio chileno-bielorruso. Migueles recibió el soborno de 45 millones en pesos y dólares y lo blanqueó mediante gestiones con los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber (Puente Alto) y Yamil Najle (Chillán).
Estos dos últimos no han sido formalizados por la Fiscalía Regional de Los Lagos, pero están querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), junto a Vivanco, Migueles, Lagos y Vargas.
El CDE ingresó la querella el miércoles en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos, sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante la investigación.
Según el CDE, los abogados Lagos y Vargas, junto a los conservadores Yáber y Najle, incurrieron en una serie ilícitos asociados a pagos irregulares realizados a Migueles a cambio de gestiones de la exministra a favor del consorcio chileno bielorruso (CBM), empresa que prestaba servicios y mantenía una controversia legal con la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) por término anticipado de contrato.
En este contexto, la exministra Vivanco, integrante de la Tercera Sala del máximo tribunal del país, participó de una serie de decisiones a favor del consorcio ante la presentación de diferentes recursos de protección, queja y apelación ante la Corte Suprema, realizando actuaciones con infracción a los deberes de su cargo, a cambio de beneficios económicos recibidos por su pareja.
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