Islamabad, 2 ago (EFE).- La segunda fase de las elecciones generales en la región de Cachemira administrada por Pakistán comenzó este domingo, en medio de las protestas que continúan en la ciudad de Rawalakot desde hace dos meses, y con las fuerzas armadas desplegadas para supervisar el proceso.
Las votaciones este domingo se celebran en nueve circunscripciones de la división de Muzaffarabad, la capital regional; y en las 12 circunscripciones reservadas para los refugiados que emigraron desde la Cachemira administrada por la India tras la partición de 1947.
El Comité Conjunto de Acción Awami (JAAC), un grupo de defensa de los derechos humanos que lidera las protestas, exige la supresión de esos 12 escaños reservados, argumentando que Islamabad los utiliza para socavar la autonomía de Cachemira.
En un mensaje de vídeo difundido a primera hora del domingo, Omar Nazir, miembro destacado del JAAC, aseguró que "las elecciones que se están celebrando actualmente bajo la amenaza de las armas son fraudulentas y vergonzosas".
El partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), del encarcelado ex primer ministro pakistaní Imran Khan, ha boicoteado las elecciones en el valle.
Según cifras oficiales, 20 personas han muerto desde que comenzaron las protestas en Rawalakot a principios de junio.
El JAAC, por su parte, asegura que son casi 90 las víctimas mortales, un tercio de las cuales ocurrieron esta semana cuando los manifestantes intentaron marchar hasta Muzaffarabad.
En medio de ese clima de tensión, las autoridades ordenaron que los comicios se lleven a cabo en tres fases: la división de Mirpur acudió a las urnas el pasado 27 de julio, mientras que la última etapa será en la división de Poonch el próximo 10 de agosto.
La Asamblea Legislativa de la región de Jammu y Cachemira consta de 53 escaños. De ellos, 33 son elegidos directamente, 12 están reservados para refugiados y ocho para mujeres y otros colectivos.
La disputa por esos escaños ha reavivado preguntas sobre democracia, autonomía y poder político en la región, mientras que las autoridades defienden que su eliminación requeriría una reforma constitucional. EFE
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