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Imagine que su producto favorito está rebajado de $100 a $90. Ahora puede ahorrar $10 o seguir gastando $100 adquiriendo algo adicional. Traslademos esto al Estado: si genera ahorros eliminando mal gasto, puede reducir el gasto a $90 manteniendo las mismas prestaciones, o seguir gastando $100 ofreciendo nuevas. En Chile, ante sendos déficits fiscales, debiera imponerse lo primero. Pero no es trivial. La discusión presupuestaria suele ser incremental sobre la base del año anterior, lo que hace políticamente complejo presentar un presupuesto que cae, aunque sea por eficiencia del gasto. Para evitar que el ahorro se diluya en esa inercia, propongo institucionalizar un Fondo de Ahorro Fiscal que ayude a rebajar la base de gasto.

Tanto el gobierno entrante como el CEP y la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público han planteado medidas de ahorro y eficiencia. El objetivo es claro: gastar menos ofreciendo lo mismo, y no gastar lo mismo ofreciendo más. Pero que prevalezca lo primero no es evidente. Dos ejemplos lo ilustran.

Tomemos el caso del fraude de licencias médicas. El actuar de la Contraloría y la cobertura mediática parecen haber generado un efecto disciplinador tanto en el sector público como en el privado. En 2025, el número de licencias cayó 14% en el primero (junto a una disminución de 13% en su duración promedio) y 12% en el segundo (SUSESO, 2025). ¿Resultado? Ahorros por US$650 millones para el sistema de aseguradores, de los cuales US$450 millones corresponden a Fonasa, es decir, a recursos públicos. Notable. Pero ¿se tradujo ese ahorro fiscal en menor gasto presupuestario?

La evidencia sugiere que no. El presupuesto de Fonasa para 2026 contempla un aporte fiscal que crece 3,1% real, casi el doble del crecimiento del presupuesto total y relativamente en línea con la tendencia previa al caso licencias. Si se hubiesen internalizado los US$450 millones de ahorro, ese aporte no habría crecido, sino caído en torno a 0,5%. En simple: el ahorro no redujo la base de gasto.

Vamos a otro ejemplo. El año pasado, una evaluación de impacto sobre el pago centralizado en las compras públicas —que implementamos en 2020 durante el gobierno del presidente Piñera— mostró resultados notables: una reducción significativa de los plazos de pago que facilitó la entrada de nuevos proveedores, aumentó la competencia y redujo los precios para el Estado. ¿Resultado? Un ahorro anual de unos US$200 millones. Pero, como con las licencias, esos recursos no necesariamente se traducen en menor gasto, sino en mayor capacidad de compra.

Estos ejemplos ilustran un riesgo extensible a toda iniciativa de eficiencia y ahorro por venir. El problema de fondo es que la discusión presupuestaria opera bajo una lógica inercial e incremental que dificulta consolidar ahorros: si ayer el presupuesto era $100, el debate parlamentario del presupuesto siguiente se centra en cuánto aumenta sobre esos $100. Sin redefinir ese punto de partida, las holguras generadas terminan transformadas en gasto en lugar de consolidar un ajuste. Si de lo que se trata es que los ahorros se traduzcan efectivamente en menor gasto, ¿qué hacer para contrarrestar ese sesgo?

Propongo la creación de un Fondo de Ahorro Fiscal (FAF) que institucionalice y objetivice los ahorros fiscales, rebajándolos explícitamente de la base de gasto sobre la cual se discute el presupuesto. El Ministerio de Hacienda debería incorporar en él todas las iniciativas de ahorro, acompañadas de un informe financiero que detalle sus resultados, metodología, partidas involucradas y si los ahorros son permanentes o transitorios. El Consejo Fiscal Autónomo debiera validar técnicamente estas estimaciones.

Más que contable, la clave es institucional. Si los parlamentarios que operan bajo una lógica presupuestaria incremental no tienen certeza de que un ahorro por eficiencia o eliminación de mal gasto es real y, por ende, no compromete prestaciones, tendrán resistencia a reducir esa base de gasto. El FAF y su validación técnica por el Consejo Fiscal Autónomo entregan precisamente esa certeza, facilitando la discusión presupuestaria.

En efecto, con ese insumo validado, resulta más factible que el debate presupuestario parta desde una nueva base de gasto en cada partida. Si los $100 del año pasado equivalen a $90 por eliminación de mal gasto, ahora el debate sobre aumentos puede comenzar desde ese nivel, evitando que los esfuerzos de ahorro sean absorbidos por la inercia presupuestaria en lugar de reducir el gasto.

Chile necesita un ajuste del gasto y una senda de consolidación fiscal creíble —es decir, cumplible—. Para ello, las iniciativas de eficiencia y ahorro de gasto son indispensables. Sin embargo, arriesgan ser impotentes sin una institucionalidad que objetivice sus resultados y ordene la discusión presupuestaria en torno a una menor base de gasto. El FAF es un arreglo institucional simple que puede ayudar a lograrlo.

Sin rebaja explícita de la base de gasto, el ahorro es solo una ilusión contable.

*El autor de la columna es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, presidente de Horizontal y exministro de Hacienda.