Cómo se gestó el plan de Trump para deportar migrantes venezolanos desde Estados Unidos hacia El Salvador

Cómo se gestó el plan de Trump para deportar migrantes venezolanos desde Estados Unidos hacia El Salvador

Cuando el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele se reunieron en el Despacho Oval a mediados de abril, Estados Unidos acababa de deportar más de 200 migrantes hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

Esto último había ocurrido hace apenas unas semanas, a mediados de marzo. Y, durante su visita en Washington, Bukele dijo que su país estaba dispuesto a recibir más.

En el marco del encuentro con su homólogo estadounidense, un periodista le preguntó si estaría dispuesto a liberar a un hombre que, de acuerdo a un juez federal, había sido deportado por error.

Bukele respondió: “No nos gusta mucho liberar a los terroristas en nuestro país”.

Sin embargo, según una investigación realizada por el New York Times, él mismo había manifestado su preocupación sobre los tres aviones con deportados que habían llegado a El Salvador desde el país norteamericano.

El mandatario salvadoreño había aceptado recibir a quienes calificó como “delincuentes convictos”.

No obstante, varios de los individuos que habían sido calificados como “pandilleros” y “terroristas” por parte de la administración Trump no habían sido juzgados ni tenían condenas por cumplir.

Fuentes con conocimiento del asunto y documentos revisados por el citado periódico afirman que Bukele quería garantías de que las personas que estaban recibiendo eran miembros del Tren de Aragua.

Esta última es la organización criminal que se originó en Venezuela y que ha expandido sus redes por diferentes países.

Un alto funcionario estadounidense afirmó al Times que la situación llevó a que —tras las deportaciones— se apresuraran en conseguir cualquier prueba que pudieran presentar al gobierno salvadoreño, para así justificar las deportaciones.

La investigación del dicho periódico fue realizada en base a documentos internos de la administración Trump, archivos judiciales, y entrevistas con 22 fuentes con conocimiento de la operación o los recursos legales.

Cómo se gestó el plan de la administración Trump para hacer deportaciones hacia El Salvador

Los asesores del abanderado republicano trabajaron durante meses para desarrollar un sistema que les permitiera deportar migrantes de manera ágil, con la menor supervisión posible del sistema judicial.

Para ello, consideraron que debían invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual es conocida en inglés como Alien Enemies Act.

La norma —que solo se ha aplicado en tres ocasiones en los últimos dos siglos— le otorga al presidente la autoridad para ordenar la detención y expulsión de ciudadanos de países con los que Estados Unidos se encuentre en guerra.

Trump justificó su aplicación con un decreto que dictó el sábado 15 de marzo.

En el documento, el mandatario declaró que el Tren de Aragua estaba “perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio de Estados Unidos”.

Para enfrentar esa amenaza que describió, ordenó que todos los ciudadanos venezolanos que estén en el país, tengan al menos 14 años de edad, sean miembros de dicho grupo criminal y “no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales”, sean “detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros”.

Sin embargo, luego de que invocará la medida, rápidamente surgieron dudas sobre si los migrantes detenidos —que insistían en su inocencia— eran miembros de pandillas.

Frente a este escenario, según la investigación del Times, funcionarios de la administración Trump buscaron reunir apresuradamente documentos que detallaran quiénes habían sido enviados a la prisión y cuáles eran las justificaciones de esas deportaciones, para así presentarlos ante los tribunales.

En medio de ese proceso, se encontró la deportación de ocho mujeres, a pesar de que la cárcel salvadoreña —el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)— es un recinto penitenciario diseñado solo para hombres.

El gobierno estadounidense está en una disputa con los tribunales federales en torno a cómo se aplicó la Ley de Enemigos Extranjeros. Y se espera que la Corte Suprema se manifieste pronto al respecto.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a través de un comunicado que “el presidente tiene derecho a expulsar a los terroristas extranjeros de nuestro país, y estamos absolutamente seguros de que la verdad prevalecerá finalmente en los tribunales”.

“Mientras tanto, el gobierno sigue cumpliendo con todas las órdenes judiciales”, agregó.

Como parte del acuerdo con la administración Trump, Bukele le pidió a su homólogo estadounidense que también se deportara a El Salvador a una lista de líderes de alto rango de la MS-13 (Mara Salvatrucha).

Aquello preocupó a algunos funcionarios policiales estadounidenses, según la investigación del Times, debido a que el Departamento de Justicia había investigado durante años a miembros del grupo que han sido acusados de crímenes en Estados Unidos.

Tanto el Departamento de Justicia como el del Tesoro han acusado al gobierno salvadoreño de hacer un pacto secreto con la MS-13, el cual habría incluido privilegios para sus líderes recluidos a cambio de disminuir los asesinatos en El Salvador.

La administración Bukele ha negado esas acusaciones, mientras que una vocera del mandatario —que también las ha rechazado— no respondió a las solicitudes de comentarios del Times.

El experto en El Salvador que entre 2018 y 2022 colaboró con un grupo de trabajo de la cartera de Justicia que investigaba al MS-13, Douglas Farah, declaró al citado periódico: “Lo que Bukele quiere desesperadamente es que estos tipos regresen a El Salvador antes de que hablen en los tribunales de Estados Unidos”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha afirmado que trabajó directamente con el gobierno salvadoreño “para deportar al mayor número posible de pandilleros peligrosos que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos”.

Se afirma que el principal asesor de Trump para su agenda interna, Stephen Miller, fue quien vio la Ley de Enemigos Extranjeros como una vía para cumplir con la promesa de campaña de efectuar deportaciones masivas aceleradamente.

En una entrevista realizada en 2023 en el podcast The Charlie Kirk Show, había afirmado que la medida “permite expulsar instantáneamente a cualquier extranjero de un país invasor, mayor de 14 años”.

“Eso te permite suspender el debido proceso que normalmente se aplica a un procedimiento de expulsión”.

Los datos del centro de estudios no partidista Migration Policy Institute afirman que, durante el gobierno del ahora expresidente Joe Biden, los migrantes venezolanos cruzaron la frontera más de 760.000 veces.

Muchos tenían casos de asilo pendientes que estaban tramitando con las autoridades estadounidenses, según la investigación del Times.

Aún así, Trump ha declarado en múltiples ocasiones que se trata principalmente de pandilleros y ha acusado sin pruebas que miembros del Tren de Aragua habían cruzado en masa hacia Estados Unidos, para así apoderarse de sus comunidades.

Los asesores del republicano consideraron que la Ley de Enemigos Extranjeros les permitiría agilizar el proceso de deportaciones masivas. Y coincidieron en que el gobierno de Bukele en El Salvador podría ayudarles a recibirlos.

Según la investigación del citado periódico, Bukele le dijo a Rubio y al enviado de Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone, que estaba dispuesto a recibir deportados en sus cárceles, aunque con condiciones.

El mandatario salvadoreño dijo que no querían recibir a migrantes no criminales, ya que aquello podría afectar la imagen de la ciudadanía en cuanto a las prioridades de su gobierno.

Aún así, aceptó recibir a criminales violentos independiente de su nacionalidad, a cambio de fondos que ayudarían a mantener el sistema penitenciario del país centroamericano.

También pidió que un listado de líderes de alto rango de la MS-13 fueran liberados de la custodia estadounidense y enviados a El Salvador, para que así fuesen interrogados por sus agentes.

Pese a las preocupaciones de funcionarios estadounidenses, las autoridades acordaron enviar a una decena de miembros de la Mara Salvatrucha.

Aunque Bukele no ha recibido hasta el momento a todos los individuos que solicitó, desde la administración Trump han afirmado que tienen la intención de enviar a otros líderes.

A principios de febrero, Rubio y el mandatario salvadoreño se reunieron en El Salvador para conversar sobre el acuerdo.

Algunos de los migrantes que fueron detenidos posteriormente —entre finales de dicho mes y mediados de marzo— ya habían obtenido el asilo o tenían algún tipo de estatus legal, según la investigación del Times.

De acuerdo a las informaciones reunidas por citado periódico, los funcionarios de migración buscaron detener principalmente a hombres venezolanos que tenían tatuajes como coronas y relojes, lo que según ellos sugería vínculos con el Tren de Aragua.

El 14 de marzo, las administraciones de Trump y Bukele se compartieron mutuamente notas diplomáticas en las que acordaban que El Salvador recibiría hasta 300 miembros del Tren de Aragua a cambio de apoyo económico de Estados Unidos.

Al día siguiente se dio a conocer el decreto firmado por Trump en el que invocó la Ley de Enemigos Extranjeros.

Ese sábado 15 de marzo, el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, abrió una audiencia virtual para la que reunió a abogados del Departamento de Justicia y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

El objetivo de la instancia, organizada a última hora de esa tarde, era revisar una petición de emergencia que solicitaba detener la deportación de cinco venezolanos en virtud de la mencionada ley.

Boasberg había suspendido las deportaciones y estaba considerando extender su orden a todos los migrantes venezolanos, según el citado periódico.

Durante la reunión le pidió a un abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensing, que investigara si el gobierno tenía planeado hacer algún vuelo de deportación a El Salvador en los dos próximos días.

Para que este último pudiese realizar esa tarea, pausó la audiencia por unos 40 minutos.

Cuando se retomó la instancia, el abogado dijo que no podía compartir detalles, debido a temas relacionados a la seguridad nacional.

El juez amplió la orden de incluir a todos los migrantes que pudieran estar sujetos a la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, por lo que cualquier avión con deportados debía devolverse o no partir.

Sin embargo, dos vuelos con migrantes venezolanos ya habían despegado desde Texas en el momento en que se estaba reanudando la reunión.

Cuando dictó la orden, un tercero aún se encontraba en tierra, pero finalmente terminó despegando de igual manera hacia El Salvador.

En esos tres aviones iban más de 260 personas. Entre estas se encontraban 238 venezolanos y dos docenas de presuntos miembros del MS-13.

El equipo de asesores de Trump había decidido seguir con el plan, bajo la idea de que los aviones ya se encontraban en espacio aéreo internacional.

Asimismo, según afirmaron las fuentes consultadas por el Times, consideraron que era probable que el conflicto legal terminara en la Corte Suprema.

Los republicanos cuentan con mayoría en dicho tribunal.

Posteriormente, funcionarios de la administración Trump dijeron refiriéndose al tercer vuelo que los migrantes que iban en ese avión fueron deportados a través de procedimientos migratorios tradicionales y no bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

La rapidez con la que se realizaron las deportaciones llevó a que se presentaran dudas en la administración Bukele en torno a quiénes eran las personas que habían llegado a El Salvador.

Incluso, ocho mujeres que habían sido enviadas por error tuvieron que regresar.

El gobierno salvadoreño quería tener la seguridad de que todos los venezolanos deportados eran miembros del Tren de Aragua.

Aunque se insistió en que los 238 eran pandilleros, solo una parte menor tenía vínculos documentados con la organización criminal, mientras que muchos no tenían antecedentes penales en el país norteamericano.

Un alto funcionario de deportación llamado Robert Cerna argumentó en un documento judicial revisado por el Times que “la falta de información específica sobre cada individuo realmente destaca el riesgo que representan”.

A pesar de que el Departamento de Estado entregó a El Salvador supuestos indicios de que eran miembros del Tren de Aragua, algunos funcionarios de gobierno tenían dudas sobre el proceso.

Frente a este escenario, legisladores demócratas buscaron conocer cuánto se estaba pagando a El Salvador para recluir a los deportados.

Según lo que afirmaron funcionarios al citado periódico, la cifra sería menor a 5 millones de dólares.

El 17 de marzo, el Departamento de Estado declaró a la Comisión de Asignaciones del Senado que la suma podría llegar hasta 15 millones de dólares. Dicha cartera se negó a entregar más detalles.

Posteriormente, la Corte Suprema determinó que los migrantes venezolanos deben tener una oportunidad significativa para rebatir sus deportaciones.

Se tiene previsto que el tribunal superior profundice en las consideraciones sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros.

“Vamos a tener un país muy peligroso si no se nos permite hacer lo que tenemos derecho a hacer”, declaró Trump a finales de abril.