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El Senado discute estos días un proyecto que, en grueso, introduce tres modificaciones a la Ley N°21.805, que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados: ampliar los plazos para dictar los reglamentos; disminuir las exigencias para que un programa sea parte del Sistema; y trasladar la Secretaría de Apoyos y Cuidados desde la Subsecretaría de Evaluación Social a la Subsecretaría de Servicios Sociales. Este último cambio, presentado como un ajuste administrativo, es en realidad una definición de fondo: qué entendemos por Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados y qué tipo de Estado necesitamos para enfrentar la crisis de los cuidados.

Chile vive una transformación demográfica profunda. Para 2050, casi un tercio de la población tendrá más de 60 años; la tasa de natalidad sigue descendiendo; y 1,5 millones de personas adultas ya se encuentran en situación de dependencia. Con la creciente participación laboral femenina, además, se reduce la disponibilidad de cuidados no remunerados. El resultado es conocido: más personas requieren apoyos y menos personas disponibles para proveerlos. Esta es la crisis de los cuidados, una de las urgencias sociales más relevantes del siglo XXI.

Frente a este escenario, el país necesita un Estado capaz de pensar integralmente y a largo plazo. Cuando redactamos la Ley N°21.805, lo hicimos con esa convicción: devolver al Ministerio de Desarrollo Social y Familia la función de planificar la política de protección social, atribución que había desaparecido en 2011, cuando el antiguo Mideplan se transformó en el actual ministerio. La ley restituye esa función y la desarrolla especialmente en materia de apoyos y cuidados.

Planificar los cuidados no es un gesto retórico. Significa proyectar su demanda, dada la transición demográfica que ya está en curso; estimar brechas de cobertura de servicios, territorio por territorio; definir dónde crecer primero; con qué secuencia universalizar el Sistema; y articular a las diversas carteras participantes para construir una ruta que permita responder no solo a las urgencias de hoy, sino a lo que Chile necesitará en veinte o treinta años más. Ningún ciclo presupuestario anual puede responder esas preguntas. La planificación es la única herramienta que permite que el derecho al cuidado sea sostenible en el tiempo.

Por eso la Secretaría de Apoyos y Cuidados fue ubicada deliberadamente en la Subsecretaría de Evaluación Social. Allí están los instrumentos que permiten planificar con fundamento: el Registro Social de Hogares y las encuestas de caracterización socioeconómica, el Sistema Nacional de Inversiones, la evaluación ex ante de programas, el monitoreo de la oferta pública y toda la infraestructura de información social. Ninguno de ellos equivale por sí solo a planificar, pero juntos conforman la base técnica que hace posible una mirada estratégica de la protección social.

La Subsecretaría de Servicios Sociales, en cambio, cumple otra función igualmente indispensable y de gran complejidad técnica: diseñar y formular programas sociales, elaborar sus orientaciones y estándares, articular la red de ejecutores y sostener la operación cotidiana de la ejecución, convenir con municipios, administrar programas y resolver problemas de implementación. Su foco es la operación cotidiana de la oferta, con urgencias que se renuevan cada año. Confundir ejecución con conducción estratégica es un error de diseño, porque subordina la planificación a las presiones del ciclo presupuestario y a la gestión de programas específicos.

El Sistema no fue diseñado como el conjunto de programas que administra un ministerio, sino como una arquitectura que articula distintas carteras: Salud, Educación, Trabajo y Previsión Social, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, y Mujer y Equidad de Género. Se crea un Comité Interministerial precisamente porque el objeto a coordinar excede a una repartición. La oferta de Servicios Sociales es una parte muy significativa del Sistema, no el todo.

Por lo mismo, cuando el proyecto invoca la coordinación territorial, ignora que la ley ya resolvió ese desafío, mediante los Comités Regionales de Apoyos y Cuidados, presididos por los gobernadores regionales e integrados por los seremis de todos los ministerios involucrados, alcaldes y alcaldesas, y representantes de la sociedad civil. Esa arquitectura reconoce que el Sistema es intersectorial y multinivel, y que la coordinación territorial no puede depender de un solo ministerio.

Mover la Secretaría implica redefinir la escala del Sistema antes de que este siquiera comience a operar plenamente. Los reglamentos están pendientes, la Secretaría recién se constituye y los Comités Regionales aún no sesionan en todas las regiones. Modificar la conducción, sin evidencia, es corregir un diseño que todavía no ha sido puesto a prueba.

La pregunta de fondo es simple: ¿queremos que el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados sea un conjunto de programas administrados por un ministerio o una política de Estado capaz de anticipar y responder a la mayor transformación demográfica de nuestra historia? Si optamos por lo primero, la conducción puede alojarse donde se ejecuta la oferta. Si preferimos lo segundo —y la ley así lo hizo—, la conducción debe permanecer donde se planifica.

Chile necesita un Ministerio de Desarrollo Social y Familia que piense el futuro, no solo que administre el presente. La crisis de los cuidados exige una institucionalidad que mire lejos, que proyecte, que ordene prioridades y que construya rutas de largo plazo. Esa es la función de la planificación. Ese es el rol de la Subsecretaría de Evaluación Social. Y ese es el lugar donde debe permanecer la Secretaría de Apoyos y Cuidados.