Complejos cambios en la Ley de Pesca

Complejos cambios en la Ley de Pesca

En 2013, con la ley 20.657 se incorporaron cambios importantes a la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de mejorar la conservación y el uso razonable de los recursos hidrobiológicos, dentro de los cuales se consideraron mecanismos que basados en evidencia permitieran establecer las cuotas globales de capturas, disminuyendo la discrecionalidad de las autoridades administrativas, algo que en su momento fue reconocido como un importante avance. Sin embargo, y más allá del transversal apoyo que obtuvo en su tramitación legislativa, el hecho de que se revelaran dos casos de cohecho de parlamentarios impulsó que se buscara reformarla, acusando una falta de legitimidad.

 Es así como hoy se tramitan dos proyectos de ley que introducen nuevamente cambios a la regulación de esta actividad, el primero de los cuales busca darle un nuevo marco normativo a la actividad y otro, ingresado a tramitación legislativa en septiembre de 2024, que busca en “forma específica y acotada modificaciones que permitan hacerse cargo, a corto plazo, de aspectos relativos al uso de recursos pesqueros; la equidad y transparencia”. Este último busca sus objetivos a través del replantear el fraccionamiento entre los industriales y la pesca artesanal introduciendo cambios en las cuotas porcentuales de cada una de ellas, y tras una aprobación casi por unanimidad en la Cámara de Diputados, se encuentra en Comisión Mixta donde se dirimirán las diferencias sobre cuatro puntos relativos a tres pesquerías y a la licitación de cuotas de jurel.

Si bien las aspiraciones que se puedan tener por una mayor equidad en la distribución de los recursos pueden ser comprensibles, es importante que las medidas no pasen a llevar derechos constituidos con el propósito de cambiar las condiciones en que se pueden desplegar las licencias transables de pesca, reconocidas por la actual normativa y en base a las cuales se diseñan los proyectos de inversión, ya que estas previsiblemente verán afectado su valor ante una proyección de beneficios económicos más acotados.

El que se pueda abrir un eventual flanco constitucional por vulnerar el derecho de propiedad y por pasar a llevar las normas legales que regulan esta actividad ya ha sido anticipado, y distintos informes han hecho ver que el proyecto tal como va tiene esas falencias. Ello es especialmente preocupante cuando lo que el país precisamente necesita es inversión para retomar un mayor crecimiento, lo que demanda necesariamente certeza de que las reglas bajo las cuales las actividades económicas se planifican y desarrollan se respetan, uno de los factores determinantes en las decisiones de los inversionistas.

Estos cambios a la normativa pesquera, sumados a las demoras que hoy experimenta la autorización y ejecución de los proyectos de inversión –donde la llamada permisología ya ha sido identificada como uno de los mayores problemas que tiene el país- son aspectos que van en la dirección contraria de lo que hoy se requiere. El Ejecutivo y el Congreso todavía están a tiempo de ponderar mejor los efectos del proyecto de ley sobre fraccionamiento y evitar abrir un desgastante flanco de judicialización.