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Acuden a la Corte de Apelaciones y la Contraloría General de la República para paralizar el proyecto de telecomunicaciones.

A través de una masiva arremetida legal y comunitaria desplegada desde marzo a mayo, los habitantes de Rapa Nui se organizaron para frenar la instalación de cinco mega antenas de la empresa WOM S.A.. Los vecinos y organizaciones acusaron que los trabajos se iniciaron de forma completamente irregular, levantando ya cuatro de las estructuras metálicas sin realizar avisos previos ni consultas a los afectados, y así vulnerando directamente los derechos territoriales de la comunidad.

La principal irregularidad denunciada apunta a la elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esto se debe a que la isla, al ser un Monumento Histórico y las obras ubicarse en la zona de amortiguación o buffer del Parque Nacional Rapa Nui, el proyecto requería obligatoriamente un Estudio de Impacto Ambiental debido a la fragilidad arqueológica, paisajística y biológica del territorio insular.

La molestia escaló tras revelarse un grave conflicto de interés en la aprobación de los permisos sectoriales, pues el Consejo de Monumentos Nacionales validó el trazado basándose en un acta de la comisión consultiva CODEIPA (Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua), un órgano que carecería de facultades resolutivas para representar al pueblo. Las actas oficiales evidenciaron que uno de los comisionados que votó a favor arrienda su propio predio a WOM, y que además se acordó solicitar «donaciones y apoyo económico» a la misma empresa fiscalizada.

Asimismo, las organizaciones recalcaron que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) omitió el derecho colectivo a la Consulta Indígena previa, libre e informada. El texto legal de la comunidad enfatiza que esta acción ignora la jurisprudencia de la Corte Suprema, la cual ya paralizó en 2024 obras similares de la misma compañía en el continente tras un recurso de protección de comunidades mapuches. En esa oportunidad, el máximo tribunal dictaminó que la instalación de una torre de WOM en pleno espacio ceremonial alteraba gravemente el patrimonio cultural e inmaterial de los asentamientos tradicionales, ordenando congelar los trabajos hasta realizar una consulta bajo los estándares internacionales.

A las irregularidades administrativas se suma una importante alerta ecológica que preocupa a los agricultores de la zona. El Consejo Asesor de Área (CADA) emitió una advertencia oficial ante el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) detallando que la alteración del campo electromagnético de la red 5G representa una «amenaza ecológica» que pone en riesgo inminente la orientación y supervivencia de la abeja melífera local, considerada hoy una reserva genética mundial.

Por otra parte, los vecinos denunciaron que la empresa vulneró la Ley de Torres al no realizar las publicaciones en prensa ni las notificaciones obligatorias a los residentes colindantes. Esta omisión «privó de los derechos de información, diálogo y oposición», impidiendo además que los habitantes pudieran exigir por ley que el 30% del costo total de la estructura se invirtiera en mejoras para el sector.

Frente a este escenario, la comunidad ingresó recursos de protección con órdenes de no innovar ante la Corte de Valparaíso y denuncias ante la Superintendencia del Medio Ambiente por falta de permisos verdes. La comunidad isleña mantiene una postura firme en sus demandas, exigiendo la «paralización inmediata de todas las construcciones» y el «retiro y desmantelamiento de las estructuras metálicas ya levantadas de forma ilegal», concluyen.

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