Representantes de los ministerios de Hacienda y Trabajo y Previsión Social y organizaciones afiliadas a la CUT avanzaron en cuanto a fortalecer la estabilidad laboral, el trabajo decente y la libertad sindical en la administración pública. “No es un acuerdo perfecto, como ninguno de los acuerdos que se logran, pero hay elementos que son relevantes de considerar” declaró el secretario general de la CUT, Eric Campos. Seis organizaciones sindicales del sector público, entre ellas la ANEF, no avalaron el acuerdo.
Santiago. 19/12/2025. En medio de cuestionamientos, pero también de positivas valoraciones, concluyeron las negociaciones entre el gobierno y la Mesa del Sector Público respecto a reajuste salarial de los empleados del Estado.
Al final, se quedó en un reajuste gradual de 3,4% de carácter general, además de un incremento de 5% para las remuneraciones más bajas en el sector público, y bonos destinados a los trabajadores de menores ingresos.
También hubo acuerdo entre los representantes de los ministerios de Hacienda y Trabajo y Previsión Social y organizaciones afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en cuanto a fortalecer la estabilidad laboral, el trabajo decente y la libertad sindical en la administración pública.
“Hemos logrado un buen acuerdo, que además del reajuste pone en el centro la dignidad de la función pública”, dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. El titular de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, expresó que “es un acuerdo que intenta equilibrar, por un lado, las demandas económicas de las y los trabajadores del Estado y, por otro, resguardar un empleo público de calidad y el pleno ejercicio de los derechos sindicales”.
El secretario general de la CUT, Eric Campos, dijo, entrevistado en Radio Universidad de Chile, que “no es un acuerdo perfecto, como ninguno de los acuerdos que se logran, pero hay elementos que son relevantes de considerar”.
El dirigente sindical recalcó que durante los cuatro años de negociación con el actual gobierno, “se ha ajustado el salario en un 23% nominal, lo que en términos reales alcanza cerca de un 10%”.
Sobre los contenidos de protección laboral de los empleados fiscales, Eric Campos manifestó que busca enfrentar problemas arrastrados por dictámenes de la Contraloría, especialmente en materia de antigüedad, estabilidad en las contratas y libertad sindical y que “esta ley intenta resolver controversias, reponer el reconocimiento a la antigüedad y establecer que la no renovación de una contrata debe ser un acto fundado, no unilateral ni por razones políticas”.
Los cuestionamientos provinieron de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el Colegio de Profesores, la CONFUSAM y federaciones del área de la salud, que plantearon que el reajuste salarial no corresponde, es bajo, y no da cuenta del alza en el costo de la vida. Seis gremios sindicales no firmaron el acuerdo.
Vocerías de esas organizaciones sostuvieron que no se respetó el piso que existía en términos de reajustes, que no se dio cuenta del alza del costo de la vida, que han sido insuficientes los respaldos a las y los trabajadores del sector público.
“En lo que no tenemos acuerdo, y asumiendo el mandato que tenemos, es a perder nuestro poder adquisitivo, considerando que el IPC acumulado es de 3,4%. Esto nos deja en un estancamiento y es regresivo. Esto no se termina para nosotros porque estaremos en el debate en el Congreso, ejerciendo nuestra labor sindical. Sobre todo, mirando al próximo gobierno que asume en marzo del próximo año”, declaró el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli.
Agregó que “cualquier ajuste solo por IPC también es una rebaja salarial. Aquí hay una pérdida que deja un muy mal precedente para el futuro. Históricamente, la ANEF ha sostenido un piso mínimo de recuperación del poder adquisitivo más un delta, y esta vez eso no ocurre”.
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