El Ciudadano
Tras el 58% obtenido por José Kast frente al 41% de Jeannette Jara, la Plataforma Política Mapuche emitió una declaración pública en la que calificó el resultado como “una derrota cultural” para las fuerzas progresistas e indígenas y llamó a enfrentar el nuevo período defendiendo la Ley Indígena, la Ley Lafkenche y el Convenio 169, junto con articular agendas propias en todos los territorios.
“Derrota cultural” y avance de las fuerzas conservadoras
En el primer punto del comunicado, la Plataforma Política Mapuche reconoce que “los resultados son categóricos, 58% Kast V/S 41% J. Jara”. La organización saluda a la candidata Jeannette Jara, a quien apoyaron en la elección presidencial, destacando su “leal y comprometido desempeño” y el impulso de un programa de ampliación de derechos para los pueblos indígenas.
El saludo se extiende a “todas las fuerzas políticas y sociales” y a quienes, de forma individual o colectiva, respaldaron “un programa presidencial intercultural, democrático y progresista”. Sin embargo, la plataforma subraya que estos resultados “no solo representan una derrota electoral para las fuerzas progresistas e indígenas del país sino también una derrota cultural en la conquista y sintonía con el sentido común de la ciudadanía”.
En el segundo punto, señalan que “el ciclo de retroceso estratégico iniciado con la derrota del proyecto de cambio constitucional del año 2022 ha obtenido un importante triunfo” y advierten que, a partir de marzo de 2026, “los representantes de las fuerzas más conservadoras de la sociedad gobernarán el país”.
Llamado a reflexión crítica y unidad en los territorios
La declaración plantea que es necesario realizar “un análisis sereno y constructivo” con todas las fuerzas sociales, culturales y políticas indígenas y mapuche, pero también con el espectro más amplio de actores no indígenas “en cada región y territorio en donde nos encontremos”.
De esa reflexión crítica y autocrítica —señalan— deben salir los elementos para corregir “errores individuales y colectivos, sociales e institucionales, tácticos y estratégicos” y así “remontar y superar una vez más el escenario adverso que se avecina”.
En esa línea, hacen un llamado a enfrentar “de manera unitaria y fraterna el nuevo periodo” en torno a la defensa de los derechos adquiridos y de las conquistas sociales y políticas de los pueblos indígenas. Mencionan de forma explícita la defensa de la Ley Indígena, el Convenio N°169 de la OIT, la Ley Lafkenche y “múltiples planes y programas sectoriales que van en beneficio directo de los pueblos indígenas en general y del pueblo mapuche en particular”.
La Plataforma Política Mapuche insiste en la necesidad de defender la Ley Indígena, la Ley Lafkenche y el Convenio 169 como eje central de la respuesta al nuevo escenario político.
Agendas propias y elección del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas
El comunicado también llama a “conformar nuestras propias agendas sociales y políticas mapuche e indígenas a nivel territorial, regional y nacional” para enfrentar el período que viene y “mantener y ampliar los derechos de los pueblos indígenas”. Entre las prioridades, mencionan el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, una ley de revitalización de las culturas y lenguas indígenas y el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de las políticas públicas indígenas.
Para sostener esas agendas, la plataforma plantea la necesidad de configurar “nuevos referentes y articulaciones” capaces de impulsarlas “con la mayor amplitud posible, en espíritu unitario y constructivo”, anteponiendo los intereses de los pueblos indígenas y del pueblo mapuche, “considerando nuestras legítimas diferencias”.
En este contexto, subrayan que la próxima elección del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas de la CONADI, prevista para abril de 2026, “adquiere una relevancia estratégica para el fortalecimiento de la participación y representación de los pueblos indígenas”. Convocan a una “participación masiva, consciente e informada” de todas y todos los indígenas, tanto de manera individual como a través de sus organizaciones, entendiendo este proceso como “un ejercicio fundamental de autodeterminación, democrático y participativo”.
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