El Ciudadano
Por Camila Sierra M.
Con más de mil observaciones de organismos públicos y cerca de 800 observaciones ciudadanas, se evidencian las deficiencias del megaproyecto de Minera El Abra, el cual contempla US$7.500 millones de inversión y la afectación severa de 17 mil hectáreas, de las cuales alrededor de 11 mil corresponden a suelos con biodiversidad, además de algunos sitios arqueológicos de incalculable valor.
El proyecto, que tiene impactos en 5 comunas de la región de Antofagasta -Calama, Tocopilla, Mejillones, Ollagüe y María Elena- contempla la construcción de una planta concentradora, un nuevo depósito de relaves de aproximadamente 5.900 hectáreas, un acueducto y una planta desaladora.
La evaluación ambiental del proyecto de continuidad operacional a 40 años más de minera El Abra y Desarrollo de Planta Concentradora con Transición Hídrica a Agua Desalada, filial de la transnacional estadounidense Freeport-McMoRan, demuestra que las demoras no responden a una supuesta «permisología», sino a la necesidad de subsanar importantes deficiencias técnicas en una iniciativa que podría generar impactos significativos sobre el patrimonio arqueológico, los ecosistemas del desierto y los territorios de la Región de Antofagasta, constituyendo uno de los proyectos mineros de mayor envergadura actualmente sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Dicho proyecto contempla mediante la ampliación del rajo minero, extraer agua desde el salar Ascotán en Ollagüe, la construcción de una planta concentradora en Calama y un nuevo depósito de relaves de aproximadamente 5.900 hectáreas en la misma comuna, un acueducto en María Elena y una planta desaladora en Tocopilla y Mejillones.
El proceso de evaluación ha revelado importantes insuficiencias en la información presentada por el titular. A la fecha, los organismos de la administración del Estado han emitido más de 1.000 observaciones técnicas, requiriendo aclaraciones, rectificaciones y antecedentes adicionales para evaluar adecuadamente los impactos ambientales del proyecto.
Paralelamente, la ciudadanía ha ingresado cerca de 800 observaciones durante el proceso de participación ciudadana, reflejando una amplia preocupación social respecto de los efectos que esta iniciativa podría generar sobre el territorio.
Las observaciones formuladas por los servicios públicos abarcan materias críticas relacionadas con la protección de la biodiversidad, los recursos hídricos, la calidad del aire, la evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos, la gestión de residuos y relaves, el riesgo para la fauna silvestre y la insuficiente caracterización de diversos componentes ambientales.
A ello se suman las advertencias realizadas respecto de la afectación al patrimonio arqueológico y cultural del territorio, incluyendo sectores de alto valor histórico como los geoglifos de Chug Chug y el complejo minero prehispánico de San José del Abra, además de otros bienes patrimoniales presentes en el área de influencia del proyecto.
El elevado número de observaciones formuladas por los organismos competentes constituye un indicador objetivo de que el Estudio de Impacto Ambiental presenta vacíos de información y antecedentes insuficientes para acreditar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y para descartar adecuadamente los riesgos asociados a una iniciativa de esta magnitud.
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no constituye un obstáculo para la inversión. Su finalidad, establecida por la legislación chilena, es asegurar que los proyectos susceptibles de generar impactos significativos sean evaluados con el rigor técnico necesario, incorporando el conocimiento de los servicios públicos y garantizando la participación efectiva de las comunidades potencialmente afectadas.
Debilitar este proceso implicaría disminuir las garantías de protección sobre ecosistemas frágiles, patrimonio cultural irremplazable y derechos colectivos de las comunidades.
Las organizaciones sociales y comunidades que integran este proceso, hacen un llamado a la ciudadanía, al mundo académico, a las organizaciones ambientales y de derechos humanos, así como a las instituciones públicas a respaldar la defensa del territorio frente a un proyecto de esta magnitud.
Para realizar observaciones, se debe entrar al link https://share.google/nZuGRN0Fwhhu9FLZe con clave única y siguiendo las instrucciones que aparecen descritas en el formulario. El proceso termina el 1 de julio.
Camila Sierra
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