El Ciudadano
La reciente sentencia por estafa contra Francisco Sánchez, lograda por la parte querellante tras el desistimiento de la Fiscalía, ha puesto bajo la lupa la imparcialidad y rigurosidad del ex fiscal regional de Atacama Alexis Rogat Lucero.

En diciembre de 2024, Alexis Rogat Lucero culminó sus ocho años al frente del Ministerio Público en Atacama con un comunicado institucional que calificaba su gestión como “bastante positiva”. No obstante, el cierre de su periodo se ha visto empañado por el desenlace del caso Atacama Kozan, una investigación por estafa contra el exintendente regional Francisco Sánchez (ex RN) que ha generado persistentes dudas sobre la labor de la fiscalía bajo el mando de Rogat.
Un esquema de fraude millonario
La causa se remonta a 2019, cuando la minera Atacama Kozan presentó una querella por un fraude de varios millones de dólares. Los hechos apuntaban a Sánchez, quien antes de ser designado intendente por el segundo gobierno de Sebastián Piñera, se desempeñó como subgerente general de la compañía.
Según los antecedentes, Sánchez orquestó un esquema fraudulento que operó durante años, gestionando la entrega de información falsa mediante documentos falsificados a los controladores japoneses de la minera. El objetivo era que se autorizaran gastos que aparentaban ser propios del giro de la empresa, pero que en realidad escondían multimillonarios gastos personales en beneficio de Sánchez y su círculo cercano. Para concretar el engaño, el exintendente contó con la ayuda de su hombre de confianza, Rodrigo Albornoz, utilizando contratos con proveedores para ingresar la documentación falsa en la contabilidad de la empresa.

La omisión de la Fiscalía y el triunfo de la acusación privada
Pese a la gravedad de los hechos, la Fiscalía de Copiapó, bajo la supervisión directa de Rogat Lucero, decidió no perseverar en la causa argumentando una supuesta “falta de antecedentes” para justificar el delito de estafa. Rogat firmó personalmente la resolución que avalaba esta decisión, lo que habitualmente habría derivado en el archivo temporal del caso y el fin de la persecución penal.
Sin embargo, los querellantes, representados por un equipo liderado por el abogado Mauricio Daza, impugnaron el cierre y solicitaron a tribunales autorización para llevar a Sánchez a juicio de manera independiente, dada la solidez de las pruebas que acreditaban el fraude. A pesar de la oposición de la defensa, el Juzgado de Garantía de Copiapó autorizó la prosecución del proceso, decisión que fue ratificada de forma unánime tanto por la Corte de Apelaciones de Copiapó como por la Corte Suprema.
El resultado final contradijo la tesis de la Fiscalía: hace pocos días, el Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó dictó un veredicto condenatorio unánime contra Francisco Sánchez como autor de estafa, y a su hombre de confianza Rodrigo Albornoz como cómplice en el mismo delito. La sentencia definitiva se conocerá de forma íntegra el próximo 15 de mayo.

Cuestionamientos por posibles conflictos de interés
El desenlace ha reabierto el debate sobre la actuación de Alexis Rogat, cuya decisión de abandonar el caso ha sido interpretada por críticos como una muestra de liviandad investigativa o incluso un posible conflicto de interés. Durante la investigación, surgieron antecedentes sobre el vínculo de Rogat con la revista Atacama Viva, propiedad del ahora condenado Sánchez y que según la sentencia condenatoria era parte del esquema defraudatorio. Rogat aparecía señalado expresamente en los créditos de la revista como “colaborador habitual”, circunstancia que, si bien él negó que implicara un conocimiento personal de los imputados, alimentó la percepción de falta de imparcialidad.
Esta no es la única controversia que ha marcado la trayectoria de Rogat, quien también enfrentó una causa impulsada por el diputado Jaime Mulet por presuntas faltas a la imparcialidad, cuya prosecución fue ordenada por la Corte de Apelaciones en diciembre de 2024 tras revocar un sobreseimiento inicial.
El salto al sector privado
Tras dejar el cargo, Rogat se reintegró al ejercicio privado de la abogacía, asociándose en litigios con el Estudio Jurídico Atacama, propiedad de Patricio Pinto Castro. Resulta relevante que Pinto Castro es el defensor de Rodrigo Albornoz, el cómplice condenado de Sánchez en el caso de la minera.

Rogat y Pinto han litigado de manera conjunta en diversas causas penales de alto perfil regional, actuando paradójicamente en contra de la misma institución que Rogat dirigió hasta hace poco. Entre sus representados se encuentran el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, y su jefe de gabinete, Leonardo Jorquera, en el marco del “Caso Convenios”, además de haber defendido con éxito al gobernador regional Miguel Vargas Correa frente a una petición de desafuero efectuada por la fiscalía regional que lideraba.
La condena contra Francisco Sánchez, obtenida a pesar de la reticencia inicial del Ministerio Público, deja abiertas serias interrogantes sobre la eficacia e independencia del sistema bajo el mandato de Rogat en Atacama. En una región marcada por intereses políticos y mineros cruzados, esta cuestionable herencia ha dejado fisuras que comprometen la credibilidad de la persecución penal que desarrolló la fiscalía durante su mandato.
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