Chile inicia un nuevo ciclo político en un momento decisivo para su desarrollo digital. En la última década, el país ha avanzado de manera significativa en conectividad: más del 90% de los hogares urbanos cuenta hoy con acceso a internet y Chile lidera en América Latina en despliegue de fibra óptica, con velocidades promedio comparables a países de la OCDE. Sin embargo, este progreso convive con brechas persistentes —territoriales, institucionales y de confianza— que amenazan con transformar la digitalización en una promesa incompleta.
La brecha no es solo de acceso. Mientras la penetración de banda ancha fija en zonas urbanas supera el 80%, en áreas rurales aún existen comunas donde menos de la mitad de los hogares cuenta con conectividad de calidad. A ello se suma un desafío estructural: el uso intensivo de datos personales por parte del Estado y de empresas privadas avanza más rápido que la capacidad del país para protegerlos, gobernarlos y asegurar su uso legítimo.
La digitalización, por sí sola, no es sinónimo de desarrollo. La interoperabilidad de sistemas públicos, la expansión de servicios financieros digitales, la telemedicina o la educación en línea solo generan valor cuando las personas confían en que sus datos serán tratados con responsabilidad y seguridad. Hoy, esa confianza es frágil. Chile registra un aumento sostenido de incidentes de ciberseguridad, ataques a infraestructuras críticas y filtraciones de información, en un contexto donde muchas organizaciones aún carecen de estándares mínimos de gestión de riesgos, capacidades técnicas y protocolos de respuesta.
En este escenario, en junio se constituyó la Comisión Asesora Ministerial para la Implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, creada para apoyar al Ejecutivo en la puesta en marcha de una normativa que entrará en vigor en diciembre de 2026. El diagnóstico inicial es claro: los plazos son exigentes, los recursos limitados y la futura Agencia de Protección de Datos deberá nacer con atribuciones y capacidades reales de fiscalización, orientación y promoción del cumplimiento. Sin una institucionalidad robusta, la ley corre el riesgo de convertirse en una declaración de principios sin impacto efectivo.
El desafío para el nuevo gobierno es integral y exige liderazgo desde el sector telecomunicaciones. No basta con seguir invirtiendo en redes, espectro, 5G o infraestructura digital si no se fortalece, al mismo tiempo, la gobernanza de los datos y la ciberseguridad. Los datos personales son hoy un activo estratégico, comparable a la infraestructura física o a la estabilidad financiera, y deben ser protegidos con el mismo rigor. Esto requiere coordinación intersectorial, capacidades técnicas en el Estado y una visión clara que articule conectividad, desarrollo productivo, seguridad y derechos fundamentales.
Avanzar en protección de datos y ciberseguridad no frena la innovación; la habilita. Los países que han logrado consolidar economías digitales dinámicas y competitivas son aquellos que han establecido reglas claras, autoridades fuertes y altos estándares de cumplimiento. La confianza digital es una ventaja competitiva para atraer inversión, escalar servicios tecnológicos y profundizar la digitalización del Estado.
Chile tiene la oportunidad de cerrar una brecha histórica y alinearse con estándares internacionales. Pero ello exige decisiones tempranas, inversión sostenida y una señal inequívoca de que la conectividad, la protección de datos y la ciberseguridad serán pilares centrales de la agenda pública. Conciliar expansión digital y protección no es un dilema: es una obligación. Sin confianza, no hay conectividad que sostenga un desarrollo digital inclusivo, competitivo y democrático.
Por Romina Garrido, presidenta de la Comisión Asesora Ministerial para la implementación de la Ley de Protección de Datos personales.
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