Madrid, 16 jul (EFE).- La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha exigido este jueves al Gobierno que el próximo decreto ley de vivienda incluya la congelación de rentas al 0 % para todos los alquileres en vigor, por considerar insuficiente el límite del 2 % que establecía el decreto anterior, "ante el aumento de la carestía de la vida".
"Sigamos el ejemplo de ciudades como Nueva York e impulsemos una congelación real, medidas como limitar los aumentos no son más que un parche que legitiman la progresiva pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora", señala esta organización en un comunicado.
Ante la negociación que mantiene el Ministerio de Vivienda con los grupos parlamentarios del Congreso para aprobar un nuevo decreto ley, la confederación ha manifestado su rechazo a que el Gobierno aproveche para introducir modificaciones en la Ley del Suelo y aprobar nuevas deducciones fiscales dirigidas a propietarios.
En esa línea reclama al Ejecutivo que el anunciado decreto de vivienda se transforme en un "verdadero decreto inquilino" y fija cuatro medidas "imprescindibles" que, a su juicio, deberían incorporarse a la norma.
Entre ellas destaca la congelación total de los alquileres en vigor, frente al límite del 2 % aprobado el pasado abril por el Ejecutivo.
También exige que el decreto incluya la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones y la prohibición de las cláusulas abusivas en los contratos de arrendamiento (en fianzas, honorarios y reparaciones) que los propios sindicatos de inquilinas redactaron hace dos años y registraron en el Congreso como proposición de ley, con el apoyo de Podemos, Sumar, BNG, ERC y EH Bildu.
Dicha propuesta, que denominan "ley antiestafas inquilina", lleva dos años bloqueada en el Congreso, de lo cual culpan al PSOE.
En tercer lugar, reclama la recuperación de las prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler y su extensión a aquellos en situación de tácita reconducción.
Según la confederación, esta medida aportaría seguridad jurídica a los inquilinos sin perjudicar a los propietarios que no especulan con la vivienda, en un contexto en el que estiman que más de 600.000 hogares podrían perder su vivienda en 2026.
Asimismo, exige la ampliación de la moratoria antidesahucios para paralizar de forma "inmediata y causal" los lanzamientos de vivienda habitual sin alternativa habitacional, ante una cifra que sitúan en más de 60.000 desahucios de familias vulnerables ya iniciados.
La confederación considera que, incluso con la incorporación de estas medidas, el decreto sería "tibio e insuficiente" para afrontar la actual crisis habitacional, por lo que mantiene su intención de convocar en el futuro una huelga general por el derecho a la vivienda. EFE
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