Congreso aprobó histórica ley para huérfanos de feminicidio, apoyo económico y psicosocial garantizado

Congreso aprobó histórica ley para huérfanos de feminicidio, apoyo económico y psicosocial garantizado

La representante Juliana Aray impulsa una reforma para aliviar el abandono de los huérfanos. Ayuda psicosocial y económica entre las medidas destacadas

El Congreso de la República dio un paso significativo en la lucha contra las secuelas del feminicidio al aprobar en su último debate un proyecto de ley que busca ofrecer apoyo integral a los hijos e hijas de mujeres víctimas de este delito. Esta iniciativa, impulsada por la representante Juliana Aray, del Partido Conservador, tiene como propósito visibilizar y atender una problemática que, aunque devastadora, es históricamente desatendida por el Estado: la orfandad forzada causada por la violencia de género.

Cada año, cientos de niños y adolescentes en Colombia pierden a sus madres como consecuencia del feminicidio, quedando en situaciones de extrema vulnerabilidad. Sin la protección materna y con escaso respaldo institucional, muchos de estos menores enfrentan dificultades económicas, emocionales y sociales que impactan profundamente su desarrollo. Ante este panorama, la aprobación del proyecto de ley busca establecer un mecanismo de respuesta estatal que brinde protección efectiva y garantice condiciones dignas para su futuro.

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Según lo estipulado en la normativa aprobada, los menores de edad que hayan quedado huérfanos por feminicidio tendrán acceso prioritario a asistencia psicosocial y apoyo económico. Para ello, se creará un Registro Nacional de Huérfanos por Feminicidio, una herramienta fundamental que permitirá identificar a las víctimas, garantizar su protección y canalizar las ayudas de manera más eficiente y rápida.

“Con esta ley buscamos garantizar un futuro digno a quienes han quedado en situación de vulnerabilidad por el feminicidio de sus madres. Es una deuda con las mujeres que el Estado no pudo proteger y con sus hijos e hijas, que no pueden quedar condenados al abandono y la indiferencia”, afirmó la congresista Juliana Aray tras la aprobación en el Congreso.

Uno de los puntos clave de la ley es la implementación de un sistema de atención gratuito para los menores de edad afectados, priorizando a quienes se encuentran en los niveles A, B y C del Sisbén. A través de este mecanismo, el Estado garantizará acceso inmediato a programas de salud mental y manejo del duelo, a cargo del Ministerio de Salud. Adicionalmente, se establece que los costos funerarios y el traslado de las víctimas serán asumidos por el Estado, evitando así que las familias tengan que enfrentarse a trámites administrativos y gastos económicos en medio del dolor por la pérdida de un ser querido.

La implementación de esta nueva normativa no estará a cargo de una única entidad, sino que se distribuirá entre diferentes organismos gubernamentales. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Igualdad y Equidad, el Ministerio TIC, el Icbf, la Fiscalía y Medicina Legal trabajarán de manera coordinada para garantizar la protección de los beneficiarios, la actualización del registro, la ejecución de los programas de asistencia y el fortalecimiento de las estrategias de apoyo integral para las víctimas.

Las cifras en torno a esta problemática evidencian la urgencia de esta ley. De acuerdo con el Observatorio de Feminicidios Colombia, solo en los primeros meses de 2025, al menos 79 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos a causa de feminicidios en el país. En 2024, la cifra alcanzó los 590 menores. Estas estadísticas reflejan no solo la gravedad del fenómeno, sino la necesidad de establecer mecanismos de protección adecuados para mitigar su impacto en las víctimas indirectas de la violencia de género del país.

El siguiente paso para que esta ley entre en vigencia es la sanción presidencial. Ahora, el proyecto espera la firma del presidente Gustavo Petro, lo que permitirá su implementación efectiva y la materialización de las medidas contempladas en el articulado, beneficiando así a los menores en situación de vulnerabilidad.