El Congreso de Perú no logró aprobar este jueves la inhabilitación política por diez años del expresidente Pedro Castillo y de otros dos altos funcionarios de su gobierno, implicados en el intento de autogolpe del 7 de diciembre de 2022. La moción obtuvo solo 44 votos a favor, lejos de los 68 necesarios, mientras que 31 parlamentarios votaron en contra y tres se abstuvieron.
La propuesta también buscaba sancionar a la entonces primera ministra, Bettsy Chávez —actualmente asilada en la Embajada de México en Lima—, y al exministro del Interior Willy Huerta. Todos enfrentan acusaciones por vulnerar cerca de una veintena de artículos constitucionales cuando Castillo anunció la disolución del Congreso, la instauración de un “gobierno de excepción” y una serie de reformas, incluida una nueva Constitución.
Durante la sesión, Castillo intervino por videoconferencia desde la cárcel de Barbadillo, donde cumple una condena de once años y cinco meses por los delitos de rebelión y abuso de autoridad dictada la semana pasada. El exmandatario rechazó los cargos y acusó al Parlamento de actuar “en contra de la voluntad popular”.
“El pueblo me dio el poder, ustedes me lo quitaron. Me están juzgando por defender el Perú profundo”, afirmó. “Podrán inhabilitarme, pero no podrán inhabilitar la voluntad del pueblo”, añadió.
La misma condena recayó sobre Chávez y Huerta. La ex primera ministra se mantiene en la sede diplomática mexicana a la espera de un salvoconducto que le permita viajar al país norteamericano, donde reside la familia de Castillo desde el estallido de la crisis. En tanto, Huerta permanece en libertad mientras su sentencia es revisada en segunda instancia.
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