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El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) representa un marco crucial para la interacción entre los Estados y pueblos indígenas, centrado en la promoción de un diálogo auténtico y basado en el respeto mutuo. Este es especialmente relevante en el contexto chileno, donde las relaciones con el pueblo mapuche se han caracterizado por tensiones históricas y una complejidad creciente.

El marco del Convenio 169 exige que las medidas administrativas y legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas se sometan a un proceso de consulta –en Chile regulado por el Decreto Supremo 66-. Es necesario tener una mirada distinta, en el sentido que el deber de consulta no es meramente un requisito procedimental, sino un compromiso con el diálogo significativo y con el principio de que estos procesos deben desarrollarse en ambientes libres, previos e informados. Si bien en materias como institucionalidad, cultura, obras públicas y evaluación ambiental, han logrado múltiples procesos exitosos, cuando se han intentado someter a consulta temas trascendentales en la relación del Estado y los pueblos indígenas, como lo es el proceso de restitución y el uso de tierras indígenas, estos procesos no logran prosperar, por lo que cabe preguntarse, ¿qué nos está faltando para que esta herramienta nos permita generar un espacio de diálogo efectivo en los temas de mayor complejidad?

Durante el gobierno de Sebastián Piñera, el intento de diálogo en el marco del Acuerdo Nacional por La Araucanía vio sus aspiraciones socavadas por incidentes de violencia que impidieron incluso ejecutar la etapa de planificación conjunta del proceso de consulta. Este escenario lamentablemente se repite bajo el gobierno de Gabriel Boric, donde el proceso de consulta para dialogar sobre las medidas en materia de tierras propuestas por la Comisión por la Paz y Entendimiento, fue cancelado. La razón principal: una resistencia notable desde ciertos sectores mapuches, incluso en las etapas preliminares de preparación para el diálogo.

Lo que hoy preocupa, y evidencia un estancamiento profundo, es la nula disposición al diálogo de ciertos sectores del pueblo mapuche cuando se abordan temas esenciales como la tierra. Esta resistencia, que se manifiesta desde el rechazo a participar hasta la interrupción de los espacios de encuentro, paraliza cualquier esfuerzo estatal por mejorar y agilizar los procesos de restitución, así como la implementación de medidas alternativas a la restitución de tierras. El Convenio 169 y la consulta indígena son, por definición, herramientas de diálogo y paz que buscan generar acuerdos; sin embargo, su potencial se ve anulado cuando una minoría dentro de una de las partes se muestra reacia a sentarse a la mesa, impidiendo que quienes sí están dispuestos a avanzar ejerzan su derecho a la consulta y consecuencialmente, al dialogo.

Esta realidad establece con urgencia la necesidad de avanzar en actualizar y modernizar los procesos de consulta indígena. A partir de las experiencias obtenidas durante más de una década con la implementación del DS 66, es claro que el mecanismo requiere ajustes. No se puede permitir que la herramienta diseñada para la construcción de puentes se convierta en un punto más de fricción. La modernización debe buscar fórmulas que, respetando el espíritu del Convenio 169, logren generar los incentivos y la confianza necesarios para que todos los actores vean en la consulta un camino viable y fructífero.

En última instancia, superar este estancamiento no es solo una cuestión de persistencia, sino de pragmatismo y evolución. Transformar las bases de la relación entre el Estado y las comunidades indígenas demandará coraje político e innovación. Pero el primer paso insoslayable es reconocer que, sin una voluntad de diálogo recíproca y constructiva en los temas centrales, cualquier esfuerzo por escribir una nueva narrativa de paz y restitución está condenado al fracaso.

Por Andrés Cortés Diaz, ex Asesor Especial de Asuntos Indígenas del Gobierno 2018-2019