La Contraloría General de la República emitió este jueves un dictamen sobre la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert. El ente fiscalizado concluyó que la otrora secretaria de Estado excedió sus facultades, tras pedir información a la Policía de Investigaciones (PDI) a pocos días de asumir su cargo.
Según consignó Emol, en el texto se detalla que Steinert, dos días días del cambio de mando, pidió a la PDI “un informe detallado respecto del personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado específica”.
Lo anterior, “vinculada a la investigación penal de una causa determinada y que se encontraba en curso, a cargo de una Fiscalía Regional”.
“Es necesario puntualizar que en el precitado oficio no sólo se pide informar en general sobre estas materias”, añadió la Contraloría.
En ese marco, señalaron que la exautoridad, también, “requiere que se adjunte la nómina detallada (nombre completo, cédula de identidad y grado de los funcionarios trasladados y/o cesados en sus funciones investigativas respecto de una causa RUC específica que cita), así como la denominación y la materia a que dicha causa se refiere, y se hace afirmando expresamente que ese personal participaba en tales investigaciones”.
Asimismo, de acuerdo al citado medio, se estableció que el oficio requería el fundamento de esos traslados. Además, solicitaba que se informara la región, unidad de destino y cargo actual que desempeña cada uno de los funcionarios.
A su vez, pedía que “se remitan los antecedentes disciplinarios o penales y la copia íntegra de cualquier denuncia administrativa, sumario interno o denuncia penal que hubiere sustentado lo que califica como ‘remoción’ de los mismos”.
“La actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”, añadió.
“No se advierte de qué manera los requerimientos específicos aludidos en la especie, puedan enmarcarse en las hipótesis legales que habilitan a la autoridad ministerial para efectuar este tipo de solicitudes”, sostuvo.
En la misma línea, subrayó que estas, “conforme a la normativa vigente, deben estar destinadas, entre otros aspectos, a planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad que define dicho MSP”.
La salida de Consuelo Peña
Por su parte, se abordó la polémica salida de la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
Respecto a la legalidad de la supuesta disolución de la Unidad Estratégica del MSP, se precisó que esto “depende directamente de la máxima autoridad ministerial del ramo, la que se y a la que le compete desarrollar las funciones asignadas en la normativa reseñada”.
“Esto es: Desarrollar y producir estudios, evaluaciones y análisis estratégicos que favorezcan el diseño e implementación de políticas públicas basadas en evidencia y la gestión de información agregada sobre las materias de su competencia”, agregó.
A esto se suma: “Promover que los integrantes del Sistema de Seguridad Pública desarrollen y produzcan esta información. Así, la eventual supresión de tal unidad estratégica o el cambio de su dependencia directa, requiere de una norma de rango legal”.
“En una primera oportunidad, el MSP, mediante su oficio de 30 de abril de 2026, informó que no se dictó acto administrativo alguno que dispusiera la disolución de la mencionada unidad”, enfatizó.
En ese marco, planteó que “mediante oficio de 22 de junio de 2026, y complementando lo informado a requerimiento de esta Entidad Contralora, la referida Secretaría de Estado señaló que la mencionada Unidad Estratégica se mantiene bajo la dependencia directa del titular de dicha cartera y (…) se fijó su denominación como Unidad Ministerial Estratégica , estableciendo sus funciones en el marco de la referida ley”.
Finalmente, mencionó que “cabe concluir que tal unidad se mantiene en la estructura orgánica y sigue dependiendo directamente del Ministro de Seguridad Pública, de modo que, sobre dicha materia, no se ha producido una vulneración a la citada ley N° 21.730”.
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