La Contraloría General de la República declaró ilegal el nombramiento de Tomás Fuentes como director de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Ñuñoa, al determinar que el funcionario se encontraba afecto a una inhabilidad judicial vigente al momento de su designación.
Según el dictamen del organismo fiscalizador, Fuentes —mano derecha del alcalde Sebastián Sichel— no cumplía con los requisitos legales para ejercer el cargo, debido a una condena previa que incluía una sanción accesoria que le impedía desempeñar funciones públicas .
El caso se remonta a marzo pasado, cuando el propio alcalde confirmó la renuncia de Fuentes a su cargo como administrador municipal, luego de que se conociera una condena en su contra por conducir en estado de ebriedad en 2024. Sin embargo, al día siguiente fue nuevamente contratado por el municipio, esta vez como Dideco, lo que generó cuestionamientos y motivó la intervención de la Contraloría.
En su resolución, el ente contralor sostuvo que la designación “no se ajustó a derecho”, debido a que el funcionario mantenía una inhabilidad vigente para ejercer cargos públicos. Asimismo, advirtió una eventual falta a la probidad administrativa, señalando que Fuentes no habría informado oportunamente a su empleador sobre la sentencia condenatoria, e incluso habría declarado bajo juramento no estar afecto a inhabilidades .
Desde la Municipalidad de Ñuñoa, en tanto, defendieron el procedimiento y anunciaron que solicitarán una reconsideración del dictamen. Argumentan que la Contraloría no consideró que la sanción de suspensión ya se encuentra en cumplimiento, por lo que Fuentes aún no ha asumido el cargo.
En esa línea, indicaron que la inhabilidad quedaría subsanada una vez cumplida la sanción, lo que ocurriría el próximo 16 de abril. Por ello, aseguran que presentarán nuevos antecedentes al organismo fiscalizador dentro de los plazos legales, con el objetivo de revertir la resolución.
El caso se mantiene abierto y podría tener implicancias administrativas adicionales, dependiendo de la revisión que realice Contraloría tras la solicitud del municipio.
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