La Contraloría General de la República (CGR) detectó graves falencias en el control urbanístico de la Municipalidad de Calera de Tango y ordenó abrir un procedimiento disciplinario, tras constatar múltiples construcciones sin permiso, edificaciones en Áreas de Preservación Ecológica y funcionamiento irregular de instalaciones municipales, hogares de ancianos y centros de rehabilitación.
El Informe Final de Investigación Especial N° 213 de 2025, elaborado por la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, evaluó el cumplimiento de la normativa urbanística, la actuación de la Dirección de Obras Municipales (DOM) y de la Sección de Patentes Comerciales, además de revisar la actualización del catastro comunal.
Según la CGR, la fiscalización tuvo como objetivo verificar el respeto a las normas que protegen ecosistemas, descartar riesgos estructurales que afecten la movilidad y el derecho al espacio público, y detectar posibles incumplimientos sanitarios que perjudiquen a la ciudadanía.
Construcciones en Áreas de Preservación Ecológica
El informe constató 26 propiedades emplazadas en Áreas de Preservación Ecológica, todas subdivididas en parcelas de 5 mil metros cuadrados, pese a que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago solo permite allí actividades mínimas y estrictamente vinculadas a fines científicos, educativos, deportivos o turísticos.
La situación se encuentra pendiente de resoluciones judiciales y ambientales, pero Contraloría instruyó al municipio a reforzar sus controles y evitar nuevas construcciones sin permiso en estas zonas protegidas.
Talleres, galpones, hogares y centros sin permisos ni patentes
En la revisión detallada de 18 roles, el organismo detectó 17 con infracciones a la normativa. Entre las irregularidades se cuentan:
- Edificaciones sin permisos de construcción ni recepciones finales.
- Falta de informes favorables de la Seremi de Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
- Instalaciones municipales o comerciales operando sin autorización.
- Cambios de destino no tramitados.
- Actividades económicas sin patente o con giros distintos a los declarados.
Entre los casos mencionados figuran:
- Un taller mecánico instalado en espacio fiscal.
- Galpones y centros de eventos sin permiso.
- Hogares de ancianos y centros de rehabilitación en situación irregular.
- Dependencias municipales funcionando en inmuebles no regularizados.
La CGR ordenó al municipio acreditar la regularización de cada situación o informar el estado de avance y las medidas adoptadas, incluyendo clausuras efectivas y fiscalizaciones periódicas.
El informe también revela que 12 de las 17 irregularidades no habían sido fiscalizadas por las unidades municipales y que, cuando hubo sanciones, estas se limitaron al envío de partes al Juzgado de Policía Local, sin uso pleno de las herramientas sancionatorias disponibles.
Sumarios en Obras y Patentes por falta de fiscalización
Ante este escenario, Contraloría instruyó al municipio implementar un plan de trabajo con:
- Inspecciones periódicas.
- Medidas sancionatorias más efectivas.
- Uso pleno de las atribuciones legales para detener y sancionar construcciones ilegales.
Además, anunció el inicio de un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas en la DOM y en la Sección de Patentes Comerciales de la Dirección de Administración y Finanzas, por la falta de fiscalización y la no aplicación de todas las atribuciones que otorga la ley.
Funcionarios municipales involucrados y orden de demolición pendiente
El informe detecta además un caso que involucra a un funcionario municipal, quien recibió un parte por construcción sin permiso en 2021, pero cuyo ingreso no aparece registrado en el Juzgado de Policía Local. La municipalidad abrió un procedimiento disciplinario y la CGR sumará otro para indagar posibles infracciones a la Ley de Bases de la Administración del Estado.
Asimismo, se constató que una demolición ordenada en 2022 —correspondiente a un muro construido sobre vía pública— no se había ejecutado, por lo que el municipio deberá acreditar su cumplimiento efectivo.
Catastro incompleto y falta de trazabilidad
Finalmente, Contraloría detectó que la Dirección de Obras Municipales no cuenta con un catastro único consolidado, sino con cuatro archivos Excel con información incompleta e imprecisa, incluyendo permisos sin registro y falta de trazabilidad en expedientes anteriores a 2017.
El municipio deberá informar los avances en la consolidación del catastro comunal en un plazo de 60 días hábiles, ajustando la gestión urbanística a los estándares de control y transparencia exigidos por la normativa vigente.
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