La Contraloría Regional de Antofagasta detectó una serie de fallas en el contrato de concesión del Hospital Regional de Antofagasta, que comprometieron su funcionamiento y afectaron la atención de 3.884 pacientes entre 2023 y abril de 2025.
De acuerdo con el Informe Final N°483-2025, el organismo fiscalizador auditó a la Dirección General de Concesiones (DGC) en la fase de explotación del contrato, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de mantenimiento y operación, especialmente del sistema de climatización, así como evaluar los mecanismos de monitoreo y control entre el 1 de enero de 2024 y el 28 de febrero de 2025.
El informe da cuenta de al menos 12 incidentes en ese período, entre ellos fallas en climatización, filtraciones de aguas servidas y cortes de suministro eléctrico. Estas situaciones impactaron directamente la operación del recinto, obligando a suspender cirugías y procedimientos ambulatorios, con un perjuicio económico estimado en $5.489 millones.
Uno de los aspectos más críticos corresponde al sistema de climatización, que presentó deficiencias graves y persistentes debido a una capacidad instalada insuficiente. A ello se suman daños estructurales en torres de enfriamiento, desgaste en estructuras metálicas y la ausencia de protección contra incendios en casetones ubicados en pisos técnicos. También se detectaron fallas en la central térmica y en el Sistema de Automatización y Control Centralizado, el cual opera de forma parcial y sin capacidades adecuadas de monitoreo, regulación automática ni generación de reportes.
En febrero de 2023, además, se registró una falla en los equipos chiller (enfriadores de agua), la cual se extendió por 84 días y obligó a suspender 97 cirugías programadas. Frente a esta situación, el hospital y la sociedad concesionaria debieron suscribir convenios con instituciones privadas para asegurar la continuidad de la atención.
Asimismo, se constató que el recinto hospitalario asumió el pago de $3.312.258 por 86 prestaciones de arsenalería quirúrgica, costos que, según el contrato, correspondía cubrir a la concesionaria.
Problemas de infraestructura
Las inspecciones realizadas en junio y julio de 2025 evidenciaron un deterioro significativo en la infraestructura del hospital, incluyendo fisuras en losas, oxidación de metales, rotura de mallas, acumulación de aguas lluvias y presencia de deposiciones de aves en equipos, lo que implica riesgos estructurales y sanitarios.
A esto se suman retrasos relevantes en la reparación de fallas críticas por parte de la concesionaria: entre 88 y 612 días en climatización, entre 362 y 664 días en sistemas asociados y hasta 1.980 días en otras fallas aún no resueltas. También se detectaron demoras en la respuesta a instrucciones de la inspección fiscal, que oscilaron entre 165 y 403 días, además de requerimientos sin respuesta.
En paralelo, entre 2023 y 2024 se registraron dos filtraciones —una de aguas servidas y otra de agua caliente— que provocaron la pérdida de 111.509 insumos y medicamentos, avaluados en $195 millones.
Débil supervisión
Si bien la DGC cursó 92 resoluciones de multa entre enero de 2023 y mayo de 2025, por un total de 27.350 UTM, 58 de ellas fueron suspendidas por la Comisión Arbitral tras una demanda presentada por la empresa concesionaria en mayo de 2025.
La auditoría también evidenció debilidades en la supervisión ejercida por la DGC. En particular, se detectaron reiteradas intervenciones fallidas para el blindaje de la puerta de acceso a la sala de escáner: se realizaron 18 intentos sin éxito, lo que derivó en la suspensión de atenciones, imposibilidad de agendar nuevas prestaciones y la contratación de servicios externos por parte del hospital.
Ante estos antecedentes, la Contraloría General de la República instruyó la apertura de un procedimiento sumarial para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Además, ordenó a la DGC acreditar las acciones adoptadas por la concesionaria para regularizar los costos asociados a la pérdida de insumos y medicamentos, que ascienden a $195.102.594, ya sea mediante el reintegro de los recursos o la activación de seguros comprometidos.
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