La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer el primer Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) N°1 de 2025, documento que reúne las principales observaciones derivadas de fiscalizaciones realizadas entre enero de 2023 y julio de 2025 en áreas consideradas prioritarias: seguridad pública, control de armas y municiones, e incautación y destrucción de drogas.
El informe considera 62 auditorías, de las cuales 22 tienen carácter reservado por contener información sensible. En materia de seguridad pública, se detectó que 1.279 internos recibieron visitas pese a tener prohibición, mientras que 1.539 personas ingresaron a recintos penitenciarios con restricción de acceso. Además, 479 personas identificadas como abogados privados no lograron acreditar dicha calidad profesional.
Asimismo, solo el 12,7% de las cárceles cuenta con sistemas de inhibición de señal, los que presentan múltiples limitaciones técnicas. En la mayoría de los recintos, los inhibidores operan únicamente con tecnología 2G, pese a que actualmente la mayoría de los dispositivos móviles funciona con redes 4G o 5G. A ello se suma que, aun con inhibición activa, se permite la comunicación vía wifi, lo que vuelve estos sistemas obsoletos e ineficaces.
Otro de los hallazgos fue que 70 de los 79 establecimientos del sistema cerrado no planificaron allanamientos ordinarios durante 2024.
Control de fronteras
En esta área, la CGR detectó que funcionarios desplegados en zonas fronterizas carecían de exámenes médicos y certificaciones exigidas, además de constatarse la falta de visitas a hitos fronterizos y patrullajes de soberanía. También se verificó la inexistencia de un registro centralizado de personas que ingresan al país por pasos no habilitados.
Orden público y control vehicular
Respecto del orden público, las auditorías revelaron que 25 vehículos policiales contaban con cámaras inoperativas. Asimismo, se identificaron casos de funcionarios que no tenían examen psicológico vigente o carecían de certificación para el uso de armamento menos letal.
En fiscalizaciones vehiculares, se constató que 626 vehículos con encargo por robo no fueron recuperados y que 144 personas con órdenes judiciales vigentes no fueron detenidas durante controles. Además, en 145.715 procedimientos de tránsito no se verificaron las placas patentes en el sistema unificado, y 869 infracciones que implicaban el retiro del vehículo no se concretaron.
Control de armas y municiones
En este ámbito, los informes de la CGR detectaron armas no registradas en planillas de control, ausencia de documentación en procesos de incautación y deficiencias en la trazabilidad de armamento en sistemas de la PDI y Gendarmería. Asimismo, se estableció que la Armada no cuenta con un sistema informático para registrar la asignación y devolución de armas.
En la Dirección General de Movilización Nacional, en tanto, se identificaron personas con condenas vigentes que mantenían armas inscritas, adquisiciones de municiones por sobre el límite legal y armas asociadas a personas fallecidas sin respaldo de transferencia.
Incautación y destrucción de drogas
Las auditorías evidenciaron que las policías incumplieron el plazo legal de 24 horas para remitir actas de recepción y cadenas de custodia, registrándose demoras de hasta 288 días. También se detectaron diferencias entre el peso informado y el registrado, con variaciones de hasta 32 kilos.
Otros hallazgos muestran que salas de custodia policial eran utilizadas como bodegas sin protocolos formales, mientras que recintos de salud presentaban falencias en seguridad y control. Asimismo, se constataron retrasos de hasta 189 días en la destrucción de drogas, incumpliendo el plazo legal de 15 días. En nueve entidades se hallaron medicamentos controlados vencidos y discrepancias en inventarios.
Como resultado de estas observaciones, la Contraloría instruyó tres procedimientos disciplinarios, 35 procesos sumariales y remitió nueve informes al Ministerio Público, uno al Consejo de Defensa del Estado y otro a la Fiscalía de Aviación.
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