La Contraloría Regional del Biobío detectó diversas irregularidades en la gestión, licitaciones y contratación de servicios en el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, tras la realización de dos auditorías cuyos resultados derivaron en reparos por más de $1.500 millones, además de la apertura de procedimientos disciplinarios y la remisión de antecedentes al Ministerio Público de Chile y al Servicio de Impuestos Internos.
Se trata de los informes N°636 y 700, emitidos esta semana, que evidencian una serie de falencias administrativas, pagos sin respaldo y eventuales vulneraciones a la normativa vigente.
Pagos en exceso y deficiencias en contratos
El informe N°636 detectó gastos insuficientemente acreditados en pagos por servicios de aseo, seguridad y vigilancia, además de irregularidades en convenios de suministros, mantención de equipos médicos y servicios logísticos. Por estos conceptos, la Contraloría formulará un reparo por $1.112.415.223.
Asimismo, se constataron inconsistencias en contratos de mantención, como la firma de documentos por personas sin funciones vigentes en el hospital y el pago por servicios asociados a equipos dados de baja desde 2022, además de la ausencia de registros sobre repuestos utilizados.
La auditoría también advirtió una concentración de funciones en distintas unidades, así como la elaboración de informes técnicos por profesionales sin acreditación en equipos médicos.
Conflictos de interés y trato directo cuestionado
Entre los hallazgos más graves, se identificó que jefaturas participaron en múltiples etapas de procesos de compra, contraviniendo la normativa. Además, el jefe de la Unidad de Administración de Servicios vulneró el deber de abstención al certificar experiencia de empresas licitantes mientras integraba la comisión evaluadora y actuaba como contraparte técnica en contratos con las mismas firmas.
En paralelo, el hospital realizó adquisiciones por $477.533.970 mediante trato directo sin justificar la inexistencia de otros proveedores ni la pertinencia de esta modalidad. También se detectaron contrataciones de personal y servicios habituales del recinto bajo esta figura, sin las resoluciones que acreditaran su legalidad.
Entre estos casos, figura la contratación del “Servicio de Orientadores de Atención al Público” por más de $141 millones, así como servicios de apoyo logístico que correspondían a funciones propias del establecimiento.
Trabajos sin respaldo y falta de trazabilidad
Por su parte, el informe N°700 detectó pagos por $563.109.772 en convenios de mantención de obras menores sin documentación suficiente que permitiera verificar su ejecución. A ello se suman otros $215.504.478 en trabajos de reparación de techumbres y sistemas de aguas lluvia sin respaldo que permita su revisión en terreno.
También se constató el pago de $11.302.500 por la instalación de bombas de aguas lluvia sin evidencia física o gráfica de su implementación, además de pagos en exceso por $8.089.000 en obras menores.
Por estos hechos, la Contraloría formulará un nuevo reparo por $798.305.750 y remitirá los antecedentes al Ministerio Público.
Incumplimientos administrativos
Finalmente, se detectó la ampliación injustificada de plazos en un contrato de conservación de dependencias del área de oncología, lo que impidió aplicar sanciones económicas al contratista.
Según el organismo contralor, las irregularidades vulneran los principios de eficiencia, eficacia y control establecidos en la legislación, comprometiendo la correcta administración de recursos públicos.
La entidad reiteró que continuará con las acciones correspondientes para determinar responsabilidades administrativas y eventuales ilícitos penales derivados de estos hechos.
