La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 910 funcionarios públicos y municipales, pertenecientes a 371 entidades del Estado, realizaron apuestas en casinos de juego por un total de $11.490 millones, pese a estar legalmente impedidos de hacerlo.
De acuerdo con el informe CIC N° 20, los hechos ocurrieron entre enero de 2024 y junio de 2025 e involucran a funcionarios que administran o custodian fondos públicos, quienes, según la normativa vigente —en particular la Ley N° 19.995—, tienen prohibido participar en este tipo de actividades.
El reporte advierte que 181 de los funcionarios concentran el 96,8% del monto total transado, equivalente a más de $11.118 millones, con cifras que, en varios casos, no se condicen con sus niveles de remuneración.
Para la elaboración del informe, la Contraloría cruzó datos del registro de funcionarios obligados a rendir caución con información de clientes de casinos proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego, además de antecedentes entregados por operadores del sector, respecto de los cuales también se detectaron posibles deficiencias.
Servicios involucrados
El análisis identifica a diversas instituciones públicas y municipalidades entre las que se concentran los mayores montos apostados, incluyendo Carabineros de Chile, la Fuerza Aérea de Chile, la Tesorería General de la República y la Policía de Investigaciones de Chile, entre otros organismos del Estado.
En particular, los 20 mayores montos transados superan los $5.392 millones, correspondientes a funcionarios que desempeñaban cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.
Acciones
A partir de estos antecedentes, la Contraloría informó que remitirá el listado de los 910 funcionarios a la Superintendencia de Casinos de Juego para que ejerza sus facultades de fiscalización e instruya eventuales procedimientos sancionatorios.
Asimismo, los antecedentes serán enviados a los respectivos servicios públicos y municipalidades, con el objetivo de que inicien sumarios administrativos y determinen posibles responsabilidades.
Finalmente, el organismo también pondrá la información a disposición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, para los fines que correspondan dentro de sus atribuciones.
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