La Contraloría General de la República detectó una serie de deficiencias en los sistemas informáticos y procesos administrativos del Servicio Médico Legal (SML), las que comprometen la integridad de evidencias forenses y la seguridad de información sensible. Así lo establece el Informe Final N° 735/2025, elaborado tras una auditoría a las plataformas tecnológicas del organismo.
Entre los principales hallazgos, el ente fiscalizador advirtió que el Sistema Integrado de Gestión de Alcoholemias (SIGAL) —encargado de registrar estos exámenes— opera sin supervisión del área de informática desde 2023 y sin aprobación formal de nuevas versiones. Además, su revisión quedó en manos de un profesional externo que ya no forma parte de la institución, lo que impide garantizar la integridad de los datos o identificar eventuales modificaciones.
La auditoría también evidenció serias falencias en la gestión de evidencias tanatológicas. Según el informe, los registros de ingresos, salidas y derivaciones se realizan en libros físicos sin estándares mínimos, mientras que la eliminación de muestras se consigna en planillas Excel sin formato uniforme. Esta situación “facilita la ruptura de la cadena de custodia”, afectando la conservación, trazabilidad e integridad del material, con potencial impacto en la investigación de delitos.
En materia de seguridad de la información, se detectaron 24 usuarios activos en bases de datos que no pertenecen al personal vigente del SML, lo que abre la posibilidad de accesos indebidos a información altamente sensible. A ello se suman inconsistencias en los registros, como duplicidad de identificadores y errores en números de RUN, dificultando la validación de pericias.
Finalmente, el informe advierte sobre vulnerabilidades críticas en la infraestructura tecnológica del servicio, incluyendo software obsoleto y 29 servidores sin soporte vigente, varios de ellos con fallas de alto y mediano impacto que exponen al sistema a ciberataques. Ante este escenario, el SML deberá implementar medidas correctivas y acreditar mejoras en los controles dentro de un plazo de 60 días hábiles.
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