El Ciudadano
La Contraloría General de la República emprendió una investigación por eventuales pagos fuera de plazo vinculados a la Oficina del Presidente Electo (OPE) y desde la administración de José Kast intentan blindar su instalación.
Cabe recordar que la polémica comenzó a gestarse a principios de este 2026 cuando el diputado Daniel Manouchehri (PS) cuestionó el origen de los recursos utilizados por el entonces presidente electo para giras internacionales, instalación de oficinas y contratación de personal.
Ahora, ante la fiscalización del ente contralor, desde La Moneda salen al paso de los señalamientos negando el uso de dineros fiscales para costear los gastos operativos de la OPE—la estructura (privada) creada Kast tras su triunfo electoral para coordinar el proceso de instalación de su gobierno—.
Según el argumento oficial, los desembolsos cuestionados corresponden, en realidad, a tareas propias del proceso de cambio de mando.
La investigación cobró cuerpo tras una inspección realizada el jueves por un equipo de la Contraloría en las dependencias de la Dirección Administrativa de la Presidencia. El objetivo de esa auditoría fue revisar en detalle los pagos al personal y otros gastos vinculados a la OPE durante el período comprendido entre enero y marzo de 2026.
Frente a las interrogantes, desde la Presidencia salieron a aclarar su postura a través de un comunicado oficial en el que plantearon que “no hay gastos públicos asociados a la Oficina del Presidente Electo”.
Además, respecto de los pagos a integrantes de la OPE, señalaron que estos se efectuaron “en el marco del programa de cambio de mando, gastos que se han realizado en todos los cambios de mando recientes”.
La estrategia comunicacional aplicada por la administración de Kast apunta, así, a desligar cualquier responsabilidad administrativa o legal, encuadrando las erogaciones dentro de una práctica institucional ya normalizada.
Para reforzar su defensa, señalaron que en el cambio de mando de 2022, cuando el expresidente Gabriel Boric llegó a La Moneda, participaron 19 funcionarios, entre ellos las exministras Izkia Siches (Salud) y Antonia Orellana (Mujer y Equidad de Género), quienes desempeñaron tareas durante enero, febrero y marzo de ese año; e indicaron para el proceso de 2026, el número de funcionarios involucrados fue de 11.
Ante la controversia, informaron que “la Dirección Administrativa de la Presidencia colaborará con la Contraloría General de la República para proveer de los medios de información necesarios para el buen resultado de este cometido”, consignó Interferencia.
Aunque el anuncio busca transmitir transparencia y disposición a la fiscalización, los señalamientos persisten, tomando en consideración el hecho de que once personas que integraron la OPE recibieron pagos desde la Presidencia de la República. Esa información consta en los informes de actividades mensuales de febrero y marzo de 2026, los cuales fueron publicados en los registros del Portal Transparencia.
Diputado Manouchehri: «El tiempo nos dio la razón»
El origen de esta controversia se remonta a febrero pasado, cuando el diputado socialista Daniel Manouchehri (PS) alzó la voz y cuestionó cómo se estaba desarrollando el financiamiento de Kast para sus viajes y la instalación de la OPE, y junto con la entonces diputada y actual senadora, Daniella Cicardini— también del PS— solicitó transparentar los recursos involucrados.
“José Antonio Kast aún no asume y ya realiza giras internacionales, instala oficinas y contrata personal. Chile merece saber cómo se financia todo eso”, afirmó Manouchehri, en esa ocasión.
“Si lo paga con recursos propios, que lo informe. Si existen aportes de terceros, que se transparente en qué calidad jurídica se realizan y a quiénes les deberá ese favor”, enfatizó el parlamentario.
Tras conocerse que funcionarios de la Contraloría habían acudido el jueves al Palacio de La Moneda para iniciar una fiscalización, el legislador afirmó: «El tiempo nos dio la razón».
«Cuando fiscalizamos estos gastos, intentaron desacreditarnos en vez de responder seriamente. Hoy la Contraloría llegó a La Moneda. Nuestras acciones tenían sustento jurídico«, indicó en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.
Señaló que con está investigación del ente contralor, «ahora el Gobierno debe dar explicaciones serias al país», sobre los gastos asociados al cambio de mando y los pagos a los integrantes del equipo de Kast.
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