La Contraloría General de la República determinó que la contratación del exfiscal Manuel Guerra como asesor externo en la Municipalidad de Providencia y en la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO) no se ajustó a derecho, instruyendo además la apertura de un sumario administrativo en el municipio encabezado por Evelyn Matthei.
El informe, emitido el pasado 20 de febrero, analizó los vínculos contractuales del expersecutor tras su salida del Ministerio Público, concluyendo que existieron deficiencias tanto en la forma de contratación como en el contenido de los servicios prestados, así como eventuales vulneraciones al principio de probidad administrativa.
Posible conflicto de interés
Según el documento firmado por el contralor subrogante Víctor Hugo Merino, la contratación de Guerra por parte de la AMSZO se concretó apenas un día antes de que su renuncia a la Fiscalía se hiciera efectiva. A ello se suma que, en agosto de 2021, la Municipalidad de Vitacura presentó una querella en su contra por el delito de violación de secreto.
En ese contexto, la Contraloría sostuvo que “es posible advertir que las circunstancias que se mencionan efectivamente pudieron configurar un conflicto de interés de aquellos que la normativa y la jurisprudencia administrativa prohíben”, advirtiendo que la asociación deberá abstenerse de contratar a honorarios a personas que se encuentren en situaciones incompatibles con la probidad.
Pese a haber renunciado en septiembre de 2021, Guerra recibió un pago bruto de $3.389.831, estipulado en un contrato que establecía el desembolso “a todo evento, independiente de las prestaciones ejecutadas”. Esta cláusula también fue objetada por el ente fiscalizador, que recalcó que los pagos solo pueden efectuarse cuando exista una ejecución efectiva de las labores encomendadas.
En el caso de la Municipalidad de Providencia, la Contraloría no observó un conflicto de interés, pero sí cuestionó la calidad y extensión del trabajo realizado por Guerra, quien fue contratado para elaborar un análisis jurídico sobre responsabilidad funcionaria y probidad administrativa por un monto total de $11.299.435.
El informe detalla que una parte significativa de los documentos entregados consistía en transcripciones literales de normas legales y otros textos, con informes mensuales que en algunos casos no superaban las cuatro páginas o reproducían extensamente artículos del Código Penal.
Por ello, el organismo concluyó que “el monto total que por ello desembolsó la Municipalidad de Providencia evidentemente no se condice con una eficiente e idónea administración de los medios públicos”, ordenando iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades de los funcionarios que visaron y autorizaron los pagos.
Contexto judicial
Las observaciones de Contraloría se conocen en medio de la investigación penal que enfrenta el exfiscal, imputado por los delitos de cohecho y violación de secreto tras la revelación de sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. Su formalización está prevista para marzo, luego de que la Corte Suprema aprobara la querella de capítulos en su contra.
El requerimiento que dio origen al informe fue presentado por los diputados Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, junto a la exconcejala de Las Condes Isidora Alcalde.
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