El Ciudadano
El pasado 11 de febrero, la Contraloría General resolvió reconsiderar y dejar sin efecto un oficio previo emitido por la Contraloría de La Araucanía, que había decidido no investigar casos que ya se encontraban en tribunales. No obstante, desde Santiago se instruyó realizar igualmente una investigación administrativa, de manera independiente a lo que determine la justicia laboral.
Por lo tanto, se ordenó a la Contraloría Regional de La Araucanía iniciar un sumario administrativo contra el edil, Manuel Macaya Ramírez, con el fin de investigar hechos de acoso laboral y violencia de género denunciados y determinar la responsabilidad administrativa del alcalde y de otros directivos involucrados.
Además, la resolución estableció que debe determinarse la eventual responsabilidad civil por el perjuicio patrimonial causado al municipio, en referencia a los más de 30 millones de pesos que la entidad debió pagar en indemnizaciones. El objetivo es que, si se confirma la responsabilidad de Macaya, este deba restituir dichos recursos con su propio patrimonio.
Por otro lado, el documento aclaró que, si el sumario acredita la responsabilidad administrativa del alcalde, los antecedentes deben ser enviados al Concejo Municipal. Esto es relevante ya que el Concejo tendría una base legal para acudir al Tribunal Electoral Regional (TER) y solicitar la remoción del cargo por “falta grave a la probidad” o “notable abandono de deberes”.
En esa línea, la Contraloría solicitó un informe en un plazo de 15 días hábiles sobre el estado actual de los procesos internos y las medidas de protección de las funcionarias denunciantes, con el objetivo de asegurar que no sigan expuestas a un ambiente hostil.
El historial de violencia de género en el municipio
La decisión de la Contraloría responde a las reiteradas denuncias por actos vulneratorios a las garantías constitucionales de directivas y funcionarias, todas bajo el contexto de violencia de género. Las denuncias se realizaron en el juzgado laboral de Collipulli y han terminado en sentencias condenatorias contra el alcalde, o, en su defecto, con la adopción de medidas de protección en favor de las funcionarias municipales.
En esa línea, tres funcionarias del Municipio de Collipulli obtuvieron sentencias condenatorias firmes en contra del alcalde Macaya Ramírez por vulneración de garantías constitucionales en el contexto de hostigamiento laboral.
Entre ellas se encuentra el caso de Mabel Llanos Riquelme, exdirectora de Administración y Finanzas, logró en junio de 2024 una condena por vulneración de derechos como libertad de trabajo, igualdad ante la ley, salud y honor. El fallo fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Temuco en diciembre de 2024 y por la Corte Suprema ese mismo mes.
También está el caso de Pamela Escobar Hernández, directora del Departamento de Salud, quien en mayo de 2024 obtuvo una condena por vulneración de sus derechos a la salud y libertad de trabajo. La sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones en octubre de 2024 y por la Corte Suprema en enero de 2025.
Por último, encontramos el caso de Maura Sandoval Ortiz, contadora auditora que denunció hostigamiento tras detectar en 2022 un déficit presupuestario de $400 millones. En abril de 2024 la justicia condenó al edil por afectar su salud. El fallo fue ratificado por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema entre octubre de 2024 y enero de 2025.
Además, Lorna Sanhueza Gutiérrez (directora de Control Interno) y Grisela Cid Sandoval (ex directora de Seguridad Pública) también denunciaron hostigamiento. Aunque sus causas aún no tienen sentencia, el tribunal laboral les otorgó medidas de protección, permitiéndoles trabajar de forma telemática para alejarlas del ambiente hostil.
Asimismo, entre 2023 y 2024, la Superintendencia de Seguridad Social calificó como enfermedad de origen laboral las patologías de varias funcionarias, atribuyéndolas al ambiente laboral bajo la actual administración.
En conversación con El Ciudadano, Jacqueline Ponce Vejar, concejala de Collipulli, afirmó que —a su juicio— se ha ido apartando de sus cargos a directivas que resultaban incómodas para la administración. Señaló que de las dos directoras con medidas de protección de la justicia laboral, una enfrenta un sumario en Contraloría y la otra fue removida por ser cargo de confianza, agregando que varias direcciones hoy no cuentan con sus titulares.
Para la concejala, la decisión de Contraloría llegó tarde:
“Nosotras venimos denunciando estos hechos desde el 2022 y recién la Contraloría, después de casi 4 años, adopta una decisión. Y Contraloría demorará otro año más en iniciarle el sumario […] no creo que las funcionarias respecto de las cuales la justicia declaró vulnerados sus derechos sientan que esto les da justicia”.
El costo del acoso para Collipulli
A raíz de las reiteradas denuncias, el municipio de Collipulli ha desembolsado más de 30 millones de pesos en indemnizaciones por daño moral, dinero que, — como mencionamos anteriormente— la Contraloría solicitó recuperar mediante un juicio de cuentas contra los responsables.
Jacqueline Ponce, quien presentó estos antecedentes ante la Contraloría, señaló que como concejo cuentan con pocas herramientas para recuperar los recursos. Asimismo, sostuvo que solo dos de los seis concejales —incluida ella— están cumpliendo labores de fiscalización.
Además, otro punto crítico de la controversia recae en el presunto uso de influencias políticas por parte del alcalde Macaya Ramírez para frenar las fiscalizaciones. Según los antecedentes presentados por la concejala Jacqueline Ponce, el edil habría utilizado su militancia en Renovación Nacional (RN) para acceder a autoridades de alto nivel a través de gestiones de lobby.
La denuncia apuntó específicamente a la intervención del senador José García Ruminot, quien habría intercedido ante la Contralora General para agendar audiencias que, en palabras del propio alcalde, terminaron dándole la razón.
“Me llama profundamente la atención que un senador de la República haga oídos sordos de estas condenas y se preste para apadrinarlo en una audiencia”, sentenció la concejala Ponce, cuestionando la ética detrás de este respaldo político frente a fallos judiciales por violencia de género.
Ahora, el alcalde Macaya Ramírez enfrenta el escenario más complejo de su administración: un sumario que podría culminar en su remoción vía justicia electoral y un juicio de cuentas que busca que devuelva, de su propio bolsillo, los más de 30 millones de pesos que el municipio pagó por sus conductas hostiles ya acreditadas por la justicia laboral.
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