La Contraloría General de la República concluyó que parte de las labores realizadas por la exministra Cecilia Pérez como coordinadora del gabinete del entonces alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, no cuentan con los respaldos suficientes para acreditar su prestación, por lo que solicitó la restitución de poco más de $18,5 millones a las arcas municipales.
Según el Informe Final de Investigación N° 375, el organismo fiscalizador revisó los reportes entregados por Pérez en 2024 y detectó que, en al menos cuatro meses —enero, febrero, marzo y septiembre—, los documentos solo consignan actividades realizadas algunos días, sin evidencia de jornadas continuas o completas. En enero se reportaron ocho días de labores; en febrero, dos; en marzo, cinco; y en septiembre, siete.
La exministra fue contratada en enero de 2024 bajo la modalidad de honorarios, con un pago mensual bruto superior a $4,6 millones, para coordinar el gabinete alcaldicio y la relación del municipio con distintas instancias institucionales. No obstante, la Contraloría estimó que el tipo de funciones desempeñadas correspondía a labores propias de funcionarios de planta y que los respaldos entregados no acreditan totalmente el trabajo realizado.
Desde el municipio señalaron que intentarán subsanar las observaciones con nueva documentación y cuestionaron el criterio del órgano fiscalizador, acusando que se está aplicando “un estándar superior al habitual” para contratos a honorarios, similar al exigido a funcionarios de planta o contrata. Además, recalcaron que el organismo no cuestiona la totalidad del trabajo de Pérez, sino “días específicos” de cuatro meses del año pasado.
La investigación también incluyó a personas con del círculo cercano de la exministra. La Contraloría solicitó la devolución de cerca de $4,9 millones al exmarido de Pérez, Carlos Contreras Mena, contratado por la Corporación Municipal de La Florida (Comudef), debido a informes considerados “genéricos” y sin capacidad de acreditar sus funciones.
Asimismo, se pidió la restitución de $4,7 millones por pagos superiores a lo establecido contractualmente a Marcela Gálvez, cuñada de Pérez, y a Daniela Alvarado Rosas, madre del hijo del diputado Álvaro Carter. Desde la corporación explicaron que no se trató de aumentos individuales, sino de reajustes aplicados colectivamente a trabajadores sindicalizados en cumplimiento de un convenio vigente.
El proceso continuará con un reparo de cuentas, instancia previa a un eventual juicio de cuentas, donde se notificará a las partes para recuperar los montos que, a juicio del órgano contralor, no fueron debidamente acreditados. El informe descartó, en tanto, irregularidades en la contratación de Gloria Fernández, madre del exalcalde Carter, incluida en la denuncia original presentada por la diputada Ana María Gazmuri.
Desde el municipio insistieron en que la controversia radica en criterios interpretativos y en requisitos documentales, los cuales esperan complementar ante el organismo fiscalizador.
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